En los últimos días hemos sido testigos de otro capítulo en el conflicto que azota a
Colombia: el denominado “plan pistola”, un mecanismo de terror cuyo propósito es
doblegar la voluntad del Estado y de la sociedad mediante el asesinato sistemático de
integrantes de la fuerza pública, especialmente policías. Estos actos no parecen
corresponder a hechos esporádicos e independientes, sino a una estrategia para
consolidar el dominio criminal en regiones clave del país. Al pagar por un uniformado
abatido, estos actores buscan exhibir su fuerza, sembrar el miedo y minar la autoridad
estatal.
Este plan recuerda los métodos de asedio usados en otros momentos de la vida
nacional en medio de picos de violencia. Hoy, la novedad radica en la velocidad de
difusión de las amenazas y la impunidad con que se celebran las muertes mediante
videos en redes sociales, generando un efecto dominó de terror que trasciende a las
fuerzas de seguridad y llega al corazón de las comunidades. La lógica es implacable: si
los uniformados, aquellos entrenados para protegernos, sucumben en emboscadas,
¿qué esperanza tiene un ciudadano común de que sus derechos, aquellos tan básicos
como la vida, integridad y propiedad, sean protegidos?
Frente a esta oleada de violencia, los operativos y patrullajes reforzados pueden abatir
a unos cuantos sicarios o incautar armamento, pero no atacan los centros de mando ni
desmantelan las redes de financiamiento que hacen viable el “plan pistola”. Sin una
estrategia de inteligencia capaz de descifrar rutas de dinero y comunicaciones internas,
cada operativo termina siendo una medida transitoria: los criminales vuelven a
reagruparse en cuestión de semanas, listos para iniciar un nuevo ciclo de violencia con
la misma fiereza.
Paralelamente, la población advierte este vacío institucional y ve cómo los actos de
violencia quedan, en muchos casos, sin respuesta contundente. La percepción de
impunidad se profundiza cuando los cuerpos de seguridad tardan en llegar o actúan sin
resultados aparentes. Esa falta de respuestas contundentes socava la confianza
pública y debilita el contrato social que mantiene unidos al Estado y a la comunidad.
Sin una clara capacidad de reacción, crece la desmotivación para denunciar delitos y
se profundizan los riesgos en las zonas afectadas.
Romper este círculo vicioso exige un viraje. Es indispensable combinar la acción militar
con un enfoque estratégico de inteligencia: análisis geoespacial para anticipar
emboscadas, vigilancia financiera para cortar los recursos que sostienen el terror y
sinergia interinstitucional para intercambiar información en tiempo real entre Policía,
Ejército, Fiscalía y organismos de inteligencia. Solo así se podrá identificar y neutralizar
no solo a los ejecutores, sino también a quienes diseñan y financian cada operación.
El desafío es mayúsculo, pero ineludible. El “plan pistola” no solo cuestiona la
capacidad del Estado para garantizar el derecho a la seguridad; también pone en jaque
nuestra resiliencia como sociedad. Si permitimos que el miedo selectivo marque la
pauta, estaremos cediendo el terreno más valioso: nuestra libertad de vivir en paz. Por
eso, es imperativo forjar un pacto inquebrantable de inteligencia estratégica,
movilización ciudadana e instituciones sólidas que nos permita sobrevivir al asedio
armado.
