Cada año, desde 1998, miles de personas entre delegados gubernamentales y representantes de la sociedad civil de grandes corporaciones y medios de comunicación se reúnen para impulsar acciones destinadas a frenar el calentamiento global. El resultado casi todos los años es el mismo: cientos de documentos que registran intenciones que son, en su mayoría, no vinculantes. O vinculantes, solo cuando son convenientes.
Un par de ejemplos de la mediocridad de los logros de la cumbre de Glasgow, son el acuerdo sobre cero emisiones en vehículos, que firmaron 31 países, pero Estados Unidos, Alemania, Japón y China no firmaron, y son ellos los principales fabricantes. O el acuerdo sobre reducción de emisiones de gas metano, donde no participaron China, India ni Rusia, responsables del 35% de su emisión. Sin embargo, mientras la humanidad asimila con tristeza los pocos logros de la cumbre de Glasgow, desde Washington nos llegan dos noticias esperanzadoras.
La primera, a pesar del filibusterismo y el voto en contra del bloque republicano, es la aprobación del proyecto de ley para el desarrollo de políticas sociales y ambientales denominado “Reconstruir Mejor”, por la cámara de representantes de Estados Unidos y presentado por el presidente Biden. Aunque aún es necesario que la ley sea avalada por un senado que no cuenta con una mayoría demócrata, el plan ambiental que incluye la ley podría ser considerado el más ambicioso en la historia de ese país y quizás del mundo.
La propuesta considera una inversión en programas para contrarrestar el cambio climático por 555 billones de dólares. Aunque el proyecto no contempla una cuota de reducción de emisiones sí cubre múltiples acciones que, de ser implementadas, serían el inicio de la transición energética estadounidense, tema que se ha discutido desde finales del siglo pasado y que significaría el fin de una dependencia de ciento cincuenta años de ese país a los combustibles fósiles. También, a través de subsidios, inversiones directas y algo de regulación, se buscaría estimular la producción de tecnologías para la generación y el almacenamiento de energías limpias, facilitando la aceleración de la transición energética no solo dentro del territorio americano, sino en todo el mundo.
La segunda es una iniciativa bipartidista que pretende ampliar la Ley Lacey, existente desde el año 1900, que se creó con el objetivo de proteger el comercio de especies de fauna y flora silvestres. Con la propuesta de ampliación se busca regular la importación de los seis commodities considerados los mayores detonadores de la deforestación en el mundo: el aceite de palma, la ganadería, el caucho, la soya, la pulpa y el cacao. Con la reforma se prohibiría la importación de estos bienes siempre que fueran cultivados en áreas deforestadas ilegalmente.
La propuesta hizo eco en Europa, y tanto el Reino Unido como la Unión Europea discuten la implementación de una ley similar. De ser presentada y aprobada, una iniciativa de este tipo ayudaría a poner cercos a gobernantes que han sido negligentes con la tala de bosques como Jair Bolsonaro quien, aunque se comprometió en Glasgow a acabar con la deforestación ilegal para el año 2028, ha hecho poco por frenar la destrucción reciente de la selva amazónica y es señalado de ocultar información sobre las cifras reales de pérdida forestal del último año, siendo estas las más altas de los últimos quince años.
Sé que todavía estamos lejos de tomar las medidas necesarias para desacelerar el calentamiento global, pero me gusta creer que no tardaremos muchos años en llegar a un acuerdo alrededor de acciones concretas y vinculantes destinadas a garantizar la conservación de nuestro planeta. Por lo pronto, aplaudo la propuesta de ampliación de la Ley Lacey y la iniciativa de la administración Biden; y espero que los senadores estadounidenses estén a la altura que el mundo les reclama. Que dejen a un lado sus cálculos políticos y consideren pasar ambas leyes, pues puede ser el empujón que tanto su país, como el resto de las naciones necesitan.
