¿Hace falta fuerza pública para enfrentar el recrudecimiento de la violencia en el Catatumbo? El Gobierno Nacional ha desplegado más de 1.000 soldados adicionales, cerca de 500 nuevos policías, ha ofrecido recompensas superiores a 3.000 millones de pesos por cada integrante del Comando Central del ELN y más de 2.200 millones por los 10 principales responsables de las recientes incursiones criminales en la zona. Estas nuevas unidades también tienen funciones de apoyo humanitario para la población en riesgo.

¿El problema está relacionado con la tierra? La Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha diseñado un plan para acelerar la formalización de 30.000 hectáreas de tierras fértiles en 10 municipios de Norte de Santander. Además, con este plan la ANT promueve la sustitución de cultivos ilícitos en 1.500 hectáreas, busca consolidar la Zona de Reserva Campesina ‘Paz y Unión del Catatumbo’ y plantea las ‘Fincas para la Paz’ como estrategia para que asociaciones campesinas y sociales desarrollen sistemas productivos.

El aumento de pie de fuerza y la atención a la distribución y uso desigual de la tierra, son las acciones con las que el Estado central confía para contener la reciente escalada de violencia y acelerar su cierre definitivo en la zona. Las intervenciones urgentes planteadas en el Decreto 108 del pasado 29 de enero, diseñadas en medio de la conmoción interior, se suman al Pacto Social por la Transformación Territorial del Catatumbo, liderado por el DNP y formalizado en julio del 2024 con representantes de las comunidades y autoridades locales.

El éxito de las medidas mencionadas requerirá que el Estado resuelva cinco desafíos en el Catatumbo.

Primero, garantizar que todas las intervenciones de la fuerza pública sean legítimas. Esto implica que opere con respeto a los derechos humanos y dentro del marco legal. También supone que la ciudadanía afectada por las acciones de los grupos criminales no sea revictimizada por agentes estatales y que las intervenciones policiales y militares sigan un plan estratégico para debilitar estructuralmente a los grupos armados ilegales.

Segundo, impactar realmente a las finanzas criminales. La captura de cabecillas y responsables de incursiones ilegales es una estrategia clave, pero insuficiente si no se ataca el flujo financiero que sostiene a estos grupos. Sin una acción contundente sobre sus rentas, la captura de un líder solo significará su rápido reemplazo por otro igual o mejor preparado.

Tercero, fomentar la participación comunitaria en la prevención de la violencia. Es esencial reforzar el reconocimiento y la protección de los liderazgos sociales, ya que su papel es clave para la superación del conflicto. Cuando las personas se involucran en procesos de prevención, se genera confianza, se reduce la impunidad y se consolidan redes de apoyo que pueden disuadir la presencia de actores violentos. Además, las iniciativas comunitarias permiten una respuesta pertinente y efectiva a los problemas de seguridad, ya que quienes viven en la zona conocen mejor las dinámicas del territorio.

En este contexto, y teniendo en cuenta las últimas noticias sobre la magnitud de los recursos provenientes de USAID para el apoyo a procesos y liderazgos comunitarios, cabe preguntarse: ¿podrá el Estado colombiano apoyar la continuidad de este tipo de iniciativas sin el respaldo presupuestal y logístico de la cooperación internacional?

Cuarto, evaluar las acciones estatales para evitar apuestas inútiles y sobreestimadas. En particular, será fundamental preguntarse en qué medida cada acción contribuye a la mejora de las condiciones de seguridad. El Estado colombiano debe medir el impacto de sus intervenciones y vincular sus inversiones con cambios reales en el territorio. Evaluar la eficacia estatal no es un capricho académico; es la base para un desarrollo sostenible en la región y la generación de estrategias replicables en otras áreas del país.

Y quinto, apostar por la generación de confianza en todas las instituciones del Estado involucradas en la generación de desarrollo. La clave es simple: cada promesa debe traducirse en hechos. Esto implica materializar iniciativas tan ambiciosas como el desarrollo de los más de 50 proyectos estratégicos anunciados en el marco del Pacto Social por la Transformación Territorial del Catatumbo y la creación de la Universidad Pública del Catatumbo, hasta acciones puntuales como el mejoramiento del Hospital de Ocaña.

El Estado colombiano tiene la oportunidad de demostrar que esta vez la historia será diferente, que las acciones no se quedarán en anuncios y estrategias efímeras, sino que marcarán un punto de inflexión en la transformación real de esta zona del país. La inquietud sigue siendo si esta vez la voluntad política será suficiente para que la región deje de ser sinónimo de conflicto y empiece a ser referente de paz y desarrollo. Solo entonces podré decir con certeza que, por lo logrado en el Catatumbo, sí confío en el Estado.