Un simple repaso por los titulares de prensa basta para evidenciar que el Catatumbo es epicentro de la confrontación armada en Colombia: “Las Mercedes, un pueblo del Catatumbo sitiado por la guerra”, “Otra masacre en el Catatumbo” y “Guerra por el Catatumbo”, son algunos ejemplos brindados por El Tiempo. Estos titulares reflejan cómo esta región del noreste colombiano sigue siendo uno de los mayores desafíos para el Estado en materia de seguridad, desarrollo y consolidación de la paz.

Y es como si el Catatumbo no estuviera en el mapa de Colombia. Ni la presencia militar ni la policial han logrado consolidar el dominio del territorio. Tampoco lo ha hecho la acción de los organismos judiciales. Menos aún, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) cuyo objetivo de fomentar economías legales de manera significativa, y lograr la inversión en educación, salud, saneamiento básico y otras áreas sociales sigue siendo insuficiente frente a la magnitud del desafío.

Como resultado de esta incapacidad estatal, el Catatumbo queda atrapado en el peor de los escenarios: solo vuelve al mapa de Colombia cuando la violencia toca a la puerta de los más vulnerables e irrumpe poco a poco en los titulares de prensa registrando alarmantes cifras. Entonces, de manera coyuntural, se reactiva la receta de siempre para contener la crisis: aumento de la fuerza pública, fortalecimiento de la inteligencia estatal, programas para desincentivar la economía ilegal e inversión social para saldar la deuda histórica con sus habitantes.

Y así, el ciclo se repite. Ante la violencia de los grupos criminales, se promete una respuesta implacable de las fuerzas de seguridad y la justicia. Ante la falta de oportunidades, se anuncian millonarios recursos para impulsar la economía legal. Y frente a los desafíos sociales, se prometen intervenciones para superar las brechas estructurales. Siempre la esperanza es que, esta vez, las inversiones realmente se materialicen, los violentos se disuadan y el Estado no vuelva a desvanecerse. Tal vez ahora sí la violencia termine y la tan anhelada prosperidad llegue a la región.

Dos cuestiones preocupantes siguen sin resolverse en este punto. Primera, ¿cuál es el nivel óptimo de intervención estatal para contrarrestar eficazmente el negocio ilegal en el Catatumbo? Según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2023 se identificaron 43.867 hectáreas de cultivos de coca en la región, un aumento del 4 % respecto a 2022. Una cantidad lo suficientemente atractiva para que los grupos armados ilegales opten por mantener la disputa por el territorio.

Y segunda, ¿cómo garantizar que la agenda de desarrollo social y económico del Catatumbo sea sostenible a largo plazo y no dependa de respuestas coyunturales para contener la violencia? La región requiere intervenciones urgentes, profundas y sostenidas para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Según la Agencia de Renovación del Territorio, la tasa de incidencia de pobreza multidimensional del Catatumbo es 41,5 %, una cifra tres veces superior a la reportada por el DANE para toda Colombia en 2022. Los años pasan y las dos preguntas anteriores (y muchas otras, seguramente) siguen sin respuesta. Basta con revisar las fechas de los titulares referenciados previamente: “Las Mercedes, un pueblo del Catatumbo sitiado por la guerra” es del 13 de diciembre de 2015; “Otra masacre en el Catatumbo”, del 12 de agosto de 2004; y “Guerra por el Catatumbo”, del 29 de agosto de 1999. Una breve línea de tiempo que deja en evidencia que el Estado colombiano sigue sin identificar que el Catatumbo sí hace parte de su mapa.