La COP16 en Cali tenía la intención de constituirse en una muestra de liderazgo ambiental para Colombia, un país con una biodiversidad exuberante que le otorga un lugar medular en la conversación global sobre conservación. Sin embargo, esta cumbre no fue más que el escenario propicio para el despliegue del populismo ambientalista de Gustavo Petro, quien en medio de su delirio megalómano pierde el principio de realidad y se devana los sesos con promesas vacías que dejan de lado el planteamiento de soluciones concretas.

La preparación misma del evento anticipaba ya lo que se intentaba ocultar tras la mampara multicolor: Cali, con su histórico reto de seguridad, fue convertida en una especie de zona militarizada, proyectando una imagen que poco ayuda a la percepción de Colombia como un destino turístico seguro, y que, además, distrajo de los propósitos esenciales de la COP16, la cual se desenvolvió en medio de una terrible paradoja: mientras por un lado se proyectaban utopías, por el otro corrían las balas y se recogían cadáveres.

El talante populista del gobierno Petro no pudo ser más evidente. En lugar de presentar políticas específicas para la conservación y el desarrollo sostenible, utilizó la COP16 para mostrar una “potencia mundial de la vida” que, no obstante, por su política de impunidad con el crimen se tiñe cada día de sangre. Esta falta de acción es especialmente preocupante en un contexto donde la biodiversidad colombiana enfrenta las profundas amenazas de las distintas economías ilícitas que proliferan en los territorios.

La deforestación y las actividades ilegales en zonas protegidas están en aumento debido a la expansión de las estructuras criminales. La minería ilegal y la tala indiscriminada no solo arrasan con los bosques, sino que también contaminan ríos y suelos con mercurio y otros agentes químicos, afectando ecosistemas enteros y a las comunidades que dependen de ellos. A esto se suma el cultivo de coca, cuyo crecimiento implica grandes áreas de deforestación y el uso de pesticidas que deterioran el suelo y los cuerpos de agua.

El control de los recursos naturales por parte de estos grupos agudiza el problema. Estructuras como el Clan del Golfo cobran «impuestos» a otros actores para permitirles realizar actividades ilegales en sus zonas de influencia. Muchas áreas de alta sensibilidad ecológica son vistas como refugios estratégicos o puntos de control, lo que no solo incrementa la violencia sino que deja desprotegidos a los ecosistemas. Así, mientras en las tarimas internacionales se habla de conservación, en los territorios la explotación y el abuso de los recursos naturales continúan con una impunidad escandalosa.

La COP16 en Cali no fue solo una oportunidad perdida para enfrentar de manera contundente la destrucción de la biodiversidad colombiana; fue también una muestra de cómo el populismo ambiental puede desviar la atención de las soluciones reales construyendo castillos en el aire. Colombia necesita un proyecto político que comprenda que las palabras deben traducirse en acciones contundentes para preservar el patrimonio natural que aún nos queda. Pero mientras los bandidos con los que negocia Gustavo Petro sigan llenando nuestros ríos de mercurio, arrasando bosques y deforestando suelos, todo discurso ambientalista no es más que hipocresía, pura carreta.

Otros escritos para este autor: https://noapto.co/julian-vasquez/