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Por más que a muchos nos resulte sorprendente y francamente patético que los defensores del gobierno del cambio respondan a cualquier acusación justificándose en que siempre ha sido así, esto no deja de ser cierto. Hay una dosis grande de hipocresía en algunos de los que hoy señalan, rasgándose las vestiduras, al Petrismo de prácticas leguleyas y corruptas.
Es tan mediocre la justificación del actual gobierno en las malas prácticas de la historia como lo son los gritos destemplados de los nuevos escandalizados, de los nuevos indignados. Y sí, es cierto, Petro está rodeado de corrupción. Y sí, es cierto, los gobiernos en Colombia han sido históricamente así.
Yo entiendo y comparto que estamos ante una situación grave y dolorosa. El país se descuaderna día a día y crece rápidamente la distancia entre los discursos rimbombantes del súper líder y su capacidad de ejecución. Con esa distancia, crece también el desengaño de los que le creyeron a Petro. También siento angustia por el tono anti empresa, por las reformas que avanzan a punta de mermelada en el Congreso y por los mensajes en contra de la separación de poderes y de la Constitución.
No me quiero quedar en esta columna en insistir en que era la misma angustia que sentía cuando la Corte Suprema era atacada, insultada y chuzada ilegalmente o en que por años se han señalado a los clanes politiqueros más corruptos que se han hecho billonarios con el saqueo de los recursos públicos fríamente organizado con los gobernantes de turno.
Quiero, por el contrario, y desde la inocencia de los ilusos de siempre, señalar la oportunidad evidente de elevar los estándares de exigencia a los políticos y de eliminar la tolerancia a la corrupción y al descaro, venga de donde venga. Podemos aprovechar que Petro parece haber vuelto evidente para algunos lo que siempre ha pasado y ponernos de acuerdo en que hay cosas que sencillamente nuestra sociedad no tolera. Debería haber un castigo judicial y político para los que se robaron 70 mil millones del internet, los 40 mil de los carrotanques de la Guajira o el saqueo bárbaro de Medellín.
Y ya que estamos soñando, aprovecho para decir que ese nuevo umbral de exigencia ética no debería ser solo sobre temas de corrupción sino también sobre asuntos técnicos propios de los cargos, sobre el tono de los mensajes del Presidente de la República, sobre el trámite legislativo en el Congreso y sobre la calidad de los argumentos. En últimas, es el eterno sueño de una ciudadanía activa, vigilante y consciente.
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