El 8 de febrero de 2024 fue un día oscuro para la democracia colombiana. Varios meses de tensión y erosión institucional se agudizaron con un ataque directo al máximo órgano del poder judicial, la Corte Suprema de Justicia. La imagen de los magistrados de ese alto tribunal huyendo en helicóptero, de la horda de fanáticos que pretendían entrar al palacio con la manifiesta intención de atentar contra su integridad y la del aparato de justicia, es estremecedora; revive los fantasmas de hace casi 30 años atrás cuando los violentos redujeron a cenizas literal y figuradamente uno de los pilares fundamentales de la democracia.

Lo más lamentable de esta situación corre por cuenta de la dignidad y posición de quien hoy representa la amenaza contra el Estado de derecho y el sistema de frenos y contrapesos. Lejos de ser un actor armado al margen de la ley, quien pretender desestabilizar y destruir reputacionalmente a la Suprema, es el jefe de Estado quien se ha embarcado en esa empresa.

 Las imágenes de ese clima de crispación y descontento colectivo estremecen a quienes entendemos que con este tipo de situaciones damos un paso más, un paso de no retorno, hacia de debilitación estructural de nuestro régimen y sistema político. Y es que este golpe venía gestándose con el pasar de los meses. Los desplantes, las palabras desobligantes para con el tribunal y sus magistrados, el ataque sin cuartel a su reputación y legitimidad y sobre todo que el ejecutivo de facto gradué de enemigos a los organismos del poder judicial, nos debe llevar a preguntarnos por la solidez de nuestro tejido democrático e institucional y su capacidad de reacción ante un eventual rompimiento.

Con su campaña de desprestigio contra esa corte, que tiene el mandato constitucional de embestir de legalidad el nombramiento de cargo de fiscal general de la nación, el gobierno de Gustavo Petro da un paso en falso, uno que puede ser muy costoso para la estabilidad política presente y futura. Y es que, si empezamos a hilar fino en la tras escena del ataque al proceso de elección del jefe del ente acusador, develamos un conflicto de intereses entre el primer mandatario y las investigaciones independientes que debe llevar a cabo la fiscalía; Petro parece desesperado porque entiende que dentro de poco algunos de sus más fieles colaboradores e inclusos miembros de su familia comenzaran a ser imputados por irregularidades en su campaña y su gobierno.

El Petro progresista, el del acuerdo nacional, el que buscaba pactos parciales con los diferentes, parece ser cada vez más un fantasma de la campaña, un holograma maltrecho de la deriva política de una promesa de cambio. El presidente, desprovisto ya de máscaras, ha dejado ver su faceta más temida: la del autócrata, la del pendenciero activista, la del populista agotado en sus propias contradicciones. Fue evidente la vulnerabilidad de las instituciones frente al avance persistente de los enemigos del liberalismo. Cuidar ese frágil equilibrio de poderes y, por tanto, procurar la estabilidad y consolidación de una democracia estable y duradera es cuestión de todo o nada, no admite tibiezas o puntos grises. Si se mete con los jueces, se mete con nuestra democracia, se mete con nuestra libertad, se mete con nosotros.

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