El martes 1 de septiembre, en el Salón Boyacá del Capitolio, la política colombiana tocó un nuevo fondo. No fue un escándalo de corrupción ni una trifulca por un proyecto de ley trascendental. Fue algo peor, por lo que revela: dos congresistas afrocolombianos, Estefanel Gutiérrez y Óscar Benavides, se gritaron en plena sesión sobre quién es «más negro», mientras la Comisión Legal Afrocolombiana —el espacio que debería ser la voz institucional de millones de colombianos negros, palenqueros y raizales— se convertía en circo.
La votación por la presidencia de la comisión para el primer año legislativo la ganó Gutiérrez, de Cambio Radical, con 29 de los 49 votos posibles, apoyado por bancadas como Salvación Nacional, la ASI, las curules de paz y su propio partido. Benavides, cercano a sectores del petrismo y elegido por la Circunscripción Especial de las Comunidades Afrodescendientes, se quedó por fuera. Lo que antecedió a la elección fue lamentable: Benavides reclamó ser el verdadero representante de las negritudes, y Gutiérrez, subiendo el tono, respondió que él también era negro, que era palenquero, que nadie tenía por qué darle lecciones de identidad. Todo quedó grabado, todo se viralizó, y el país entero terminó discutiendo sobre pigmentación en lugar de discutir sobre política pública.
Deploro profundamente esa escena. No porque no haya racismo estructural que discutir en Colombia —lo hay, y es enorme—, sino porque medir quién es «más negro» en un pleno legislativo es exactamente lo contrario de lo que ese espacio debería hacer. Convierte una lucha histórica, la del pueblo afrocolombiano por su dignidad, su territorio y su desarrollo, en una riña de egos entre dos hombres que se disputaban un cargo. Eso no es representación, es apropiación.
Pero contar solo la pelea es quedarse en la superficie. Lo que en realidad estaba en juego no era la identidad de nadie: era un negocio político. Detrás de la votación había un intento del Pacto Histórico de amarrar la presidencia de la comisión durante las próximas cuatro legislaturas mediante un reparto pactado: dejarle a Gutiérrez la presidencia del primer año, pero asegurarse las dos siguientes para el Pacto y dejar la última para el Partido Liberal. La molestia de esos sectores no era, en el fondo, que Gutiérrez fuera a presidir —de hecho iban a votar por él—; era que se les cayera el reparto que habían negociado por fuera del pleno. Y ese reparto no es un detalle menor: presidir una comisión implica nómina, implica cargos, implica presupuesto. Cuando ese acuerdo entre partidos no fue avalado por los propios miembros de la comisión, fue que estalló todo.
Dicho de otra forma: la pelea que el país vio por televisión fue sobre quién es «más negro». La pelea real fue sobre quién se queda con el botín burocrático de una comisión que, en teoría, existe para tramitar las demandas históricas del pueblo afro. Ninguna de las dos discusiones tiene que ver con las comunidades que dicen representar.
Aquí está lo más grave: ni la derecha ni la izquierda han hecho lo suficiente por la dignidad del pueblo afrocolombiano. No lo digo desde la equidistancia cómoda, lo digo desde la evidencia. Las comunidades negras, palenqueras y raizales de este país siguen enfrentando el abandono estatal en su forma más cruda: territorios sin agua potable, jóvenes sin oportunidades, líderes sociales asesinados, un Pacífico y un Caribe insular que siguen esperando la inversión que cada cuatrienio se promete y nunca llega completa. Esa es la lucha eterna. Esa es la que debería convocar a todos los partidos, no la que reparte sillas.
Ideologizar esa lucha —convertirla en trofeo de derecha o de izquierda— es, en el fondo, otra forma de abandono. Es usar el sufrimiento histórico de un pueblo como moneda de cambio electoral, mientras las comunidades siguen esperando resultados concretos: reparación, inversión, seguridad, oportunidades reales. San Basilio de Palenque, primer pueblo libre de América, sigue luchando por infraestructura básica. Providencia y Santa Catalina, territorio raizal, todavía no terminan de reconstruirse tras el huracán Iota. El Chocó, con todo y su riqueza, sigue siendo uno de los departamentos más golpeados por la pobreza. Ese es el escándalo que deberíamos estar cubriendo, no quién grita más fuerte en el Salón Boyacá.
No se trata de pedirle perdón a nadie ni de repartir culpas parejas donde no las hay. Se trata de exigir algo mínimo: que quienes llegan al Congreso en representación de las comunidades afro, palenqueras y raizales entiendan que su curul no es un botín, es un mandato. Que la pelea por una presidencia de comisión —con nómina, cargos y presupuesto de por medio— nunca puede valer más que la agenda de fondo: tierra, agua, educación, seguridad y desarrollo para los territorios que llevan siglos esperando.
La invitación, sin importar el partido, es a dejar de medir quién es «más negro» y empezar a medir quién hace más por la gente negra. Esa es la única competencia que debería importarnos.
Otros escritos de esta autora: https://noapto.co/ximena-echavarria/
