Ayer se movilizaron miles de personas en distintas ciudades del país. Una manifestación que, para mí, llegó un poco afanada. No voté por este Gobierno y tampoco he estado de acuerdo con sus anuncios, pero eso no significa que cualquier convocatoria de la oposición me parezca acertada. Entonces pregunto: ¿cuáles son los motivos de la manifestación? Porque, para muchos ciudadanos, no son tan claros. Y encontrarlos me resultó más difícil de lo que debería.
Entre las razones están las decisiones del Ministerio del Trabajo de derogar 11 circulares y la intención de modificar otras disposiciones relacionadas con la negociación colectiva, la intermediación laboral y las funciones de los inspectores de trabajo. También están las preocupaciones por un nuevo estatuto del trabajo, la solicitud de aplazamiento de un año para la reforma pensional, las discusiones sobre el salario mínimo vital y el rechazo al estatuto antiterrorista. A esto se suman las advertencias de dirigentes sindicales sobre posibles retrocesos en derechos laborales y sociales. Son asuntos que merecen atención, discusión pública y explicaciones claras.
Encontrar estos puntos me pareció un poco arduo. La información aparece dispersa entre declaraciones, comunicados y publicaciones en redes sociales. Por momentos, parece chismorreo político. Me recordó a las movilizaciones de la universidad pública, cuando escribíamos punto por punto los motivos de la manifestación. Tal vez nos hace falta un poco de esa pedagogía: explicar qué está pasando, qué se pretende cambiar, a quiénes afecta y por qué debería importarnos. No basta con decir que los derechos están en peligro; hay que contarle a la gente cuáles son esos derechos, cómo se amenazan y qué se propone hacer para defenderlos.
No estoy diciendo que estos asuntos no sean preocupantes. Por supuesto que lo son. Pero una cosa es reconocer que existen amenazas y otra muy distinta es saber cómo responder ante ellas. Esta movilización también parece una reacción anticipada frente a un Gobierno que promete mucho y que apenas comienza a mostrar cómo pretende gobernar. No digo que debamos esperar a que ocurra lo peor para salir a las calles. Digo que la oposición necesita aprender a distinguir entre las batallas que debe dar y las energías que debe reservar.
A Gustavo Petro, que hoy vuelve a liderar a la izquierda y parece sentirse muy confiado de las personas que lo siguen, le haría una recomendación: nada está asegurado. Muchos de sus electores ya se lo demostraron cuando la presidencia pasó a manos de un showman. La izquierda necesita una cara, una figura en la que creer y un liderazgo que la convoque. Pero las mejores jugadas no son las que agotan a todo el equipo por no haber planeado la estrategia. Una oposición que sale a las calles por cada anuncio, sin construir una agenda comprensible y sostenida, corre el riesgo de desgastarse antes de que lleguen las batallas más importantes.
Las manifestaciones merecen seriedad. No solo por parte de quienes gobiernan, sino también de quienes hacen oposición. La protesta no puede convertirse en el capricho de un líder, en una demostración de fuerza para alimentar su protagonismo ni en un escenario utilizado para empezar a acomodar las fichas de las próximas elecciones territoriales. Si los derechos están en juego, la movilización debe tener razones claras, objetivos concretos y una ciudadanía que entienda por qué está marchando. De lo contrario, terminaremos confundiendo la capacidad de llenar las calles con la capacidad de transformar las cosas.
Y mientras discutimos la pertinencia de esta movilización, el Gobierno expidió el Decreto 1525 del 13 de octubre, que modifica el protocolo de actuación de la Policía durante las manifestaciones. Uno de sus cambios establece que, ante hechos de violencia, la intervención individual contra quienes los cometan no tiene que esperar a que termine el diálogo con el conjunto de los manifestantes. Aunque la norma mantiene garantías para quienes protestan pacíficamente, el cambio abre preguntas importantes sobre la intervención policial, la protección de los derechos y las condiciones en las que se decidirá utilizar la fuerza.
Que este decreto se expida precisamente en medio de una jornada de movilización resulta, cuando menos, provocador. Y con Abelardo de la Espriella ya conocemos una forma de hacer política que parece apostar por mantener a todo el mundo a la expectativa, mover las emociones y convertir cada decisión en un nuevo motivo de confrontación. No puedo afirmar que el propósito del decreto sea provocar a quienes protestan, pero sí creo que el momento de su expedición y sus implicaciones merecen un debate serio. El derecho a la protesta no puede quedar a merced de la interpretación más conveniente para quien tiene el poder, ni la oposición debería necesitar una provocación para recordar por qué es importante defenderlo.
Por eso vuelvo a la pregunta del comienzo: ¿ustedes por qué marchan? Ojalá tengamos respuestas que vayan más allá de una consigna, de la confianza ciega en un dirigente o del rechazo automático a quien piensa distinto. No porque haya que justificar cada derecho que se reclama, sino porque defenderlo exige saber qué está en riesgo y qué estamos dispuestos a hacer para protegerlo.
Guardemos energía. No para quedarnos callados ni para mirar hacia otro lado, sino para saber cuándo, por qué y cómo salir a defender lo que importa. Nos quedan años de temor e incertidumbre. Y si la oposición quiere estar a la altura de lo que viene, tendrá que entender que no basta con convocar a la gente: también hay que saber para qué se la convoca.
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