Como ya lo había anunciado, el presidente electo Abelardo de la Espriella tiene la intención de posesionarse en una guarnición militar ubicada en el departamento del Cauca. Aunque este asunto aún no está definido, pues todavía falta que la Cámara de Representantes apruebe la proposición correspondiente, el tema ha suscitado una amplia polémica por el simbolismo que este acto podría conllevar.
Muchas voces, tanto de detractores como de simpatizantes del Gobierno, y en especial la senadora Jennifer Pedraza, han sostenido que llevar este acto ceremonial a una guarnición militar constituye un retroceso democrático y podría abrir una herida profunda en la institucionalidad colombiana. Sin embargo, aunque algunos de los argumentos que esgrimen merecen ser atendidos y les asiste plenamente la razón —como el hecho de que los grandes regímenes autoritarios de la historia se han sostenido, en buena medida, sobre la cooptación del ejercicio legítimo de la fuerza del Estado y un contubernio fatal entre el poder ejecutivo y las fuerzas militares para imponerse sobre los demás poderes públicos y reprimir cualquier oposición—, no creo que ese sea el caso que hoy enfrenta Colombia.
De hecho, me atrevo a decir que muchas de las objeciones frente a una posesión presidencial en una guarnición militar ni siquiera responden a verdaderas preocupaciones democráticas, sino a una narrativa que se ha instalado desde hace años en el imaginario nacional y que ha llevado a ver a las Fuerzas Militares no como las defensoras y últimas garantes de los derechos de los ciudadanos, sino como una institución que debe ser observada con recelo y permanente suspicacia.
A mi juicio, contrario al simbolismo fatal que los opositores del gobierno electo pretenden atribuirle a esta decisión, lo que se busca transmitir con una posesión en un departamento tan sistemáticamente abandonado como el Cauca, y particularmente en una guarnición militar, son dos mensajes muy claros. El primero es un compromiso —que ya se perfila como una constante del gobierno electo— con la descentralización y con la necesidad de que los grandes actos del Estado no tengan como único escenario a Bogotá. El segundo es un homenaje sentido a las Fuerzas Militares.
Particularmente, el segundo mensaje de esta decisión, la reivindicación de las Fuerzas Militares, reviste una especial importancia, pues son estos los soportes de la institucionalidad colombiana. Durante décadas, miles de hombres y mujeres han asumido la tarea de proteger la soberanía, preservar el orden constitucional y garantizar que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos incluso en las regiones más apartadas del país. Rendirles homenaje desde una guarnición militar no supone, bajo ninguna circunstancia, una subordinación del poder civil al poder militar. Todo lo contrario. Se trata de un gobierno civil, elegido libremente en las urnas por los ciudadanos, que tomará posesión ante un Congreso igualmente civil y democráticamente elegido. El lugar donde se desarrolla la ceremonia no altera la esencia del poder que se inaugura ni modifica el principio constitucional de subordinación de la fuerza pública a la autoridad civil. Por ello, resulta difícil compartir las interpretaciones que presentan este acto como una ruptura del orden democrático o como el preludio de una deriva autoritaria.
En el fondo, esta discusión dice mucho más sobre la manera en que algunos sectores conciben a las Fuerzas Militares que sobre el acto mismo de posesión. Hemos llegado al punto en que un homenaje a quienes tienen la misión constitucional de defender la Nación es interpretado, casi automáticamente, como una amenaza para la democracia. Esa lógica no fortalece las instituciones; las debilita. La democracia colombiana no se pone en riesgo porque un presidente civil se posesione en una guarnición militar. Se pondría en riesgo el día en que las Fuerzas Militares dejaran de estar sometidas a la Constitución o el día en que el poder civil renunciara a ejercer su autoridad sobre ellas. Mientras ninguna de esas dos cosas ocurra, la ceremonia será exactamente lo que pretende ser: un reconocimiento a quienes, con aciertos y errores como toda institución humana, siguen siendo los últimos garantes de la soberanía, la integridad territorial y el orden constitucional de la República.
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