El presidente Gustavo Petro condecoró al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, con la Orden de Boyacá, una de las máximas distinciones que entrega el Estado colombiano. Lo hizo, además, en medio de una crisis sanitaria marcada por pacientes sin medicamentos, hospitales ahogados financieramente y capacidades institucionales destruidas en apenas tres años.
El homenaje fue presentado como un reconocimiento a su vida dedicada a la salud pública. Quizá faltó precisar que también se reconocía su contribución reciente a acabar con ella.
Premiar a Jaramillo por su gestión equivale a condecorar al pirómano por su trayectoria en el cuerpo de bomberos. Pero, pensándolo bien, la decisión podría inaugurar una nueva modalidad de la Orden de Boyacá: ya no como premio al mérito, sino como ceremonia de absolución anticipada para quienes ayudaron a producir el desastre.
Bajo ese criterio, hay una larga lista de merecedores.
Una Cruz de Boyacá para David Racero, por su extraordinaria contribución a los derechos laborales. Una para Ricardo Roa, por lograr que Ecopetrol encadenara tres años de utilidades decrecientes. Una para Daniel Quintero, por haber llegado a la Superintendencia Nacional de Salud cargando decenas de investigaciones en su contra por corrupción. En cualquier otro país, semejante equipaje habría aconsejado prudencia, pero hay menciones especiales.
Una compartida para Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz, por demostrarles a millones de jóvenes colombianos que estudiar, adquirir experiencia y construir una hoja de vida son costumbres burguesas perfectamente prescindibles cuando se cuenta con los contactos adecuados. El verdadero programa de “Jóvenes en Paz” terminó siendo “jóvenes a dedo“ en palacio, con contratos y administrando cargos.
Una para Danilo Rueda, por su innovadora doctrina de seguridad nacional: jugar a los congelados con los criminales mientras estos seguían moviéndose por todo el territorio. La Paz Total terminó siendo una negociación en la que se congeló al Estado y se les concedió absoluta libertad de movimiento a los grupos armados.
Una para Wilmar Mejía, por haber ayudado a borrar la incómoda frontera entre la inteligencia del Estado y las disidencias de las FARC. Mientras el Gobierno prometía la Paz Total, sus organismos de seguridad enfrentaban denuncias sobre filtraciones de información reservada a quienes precisamente debían combatir.
Una para Daniel Rojas, por convertir la adulación presidencial en una política pública. Dentro de un gabinete que compitió durante cuatro años por elogiar cada improvisación del presidente, Rojas merece una mención especial por su disciplina, perseverancia y flexibilidad cervical.
Una para Mafe Carrascal, por su admirable capacidad para explicar cada desplazamiento, cada masacre y cada retroceso de seguridad apelando a quienes gobernaron antes. Cuatro años en el poder no fueron suficientes para asumir una sola responsabilidad: el pasado, al parecer, también gobernaba en secreto durante el Gobierno Petro.
Una para Francia Márquez, por haber presidido el Ministerio de la Igualdad con mayor igualdad posible: al final, casi todos los colombianos recibieron exactamente lo mismo de esa entidad, es decir, nada. Millones en presupuesto, una burocracia monumental y resultados tan invisibles que tal vez también necesitarían un ministerio que los encuentre.
Una, naturalmente, para Armando Benedetti, por su capacidad de conseguir que la corrupción dejara de ser una línea roja y se convirtiera en una diferencia de opinión. Siete procesos judiciales, escándalos recurrentes y acusaciones públicas no fueron obstáculos, sino méritos suficientes para convertirse en uno de los hombres más poderosos del Gobierno del Cambio.
Podríamos seguir. Una para cada ministro que confundió activismo con administración; para cada funcionario que reemplazó los resultados por discursos; para cada contratista que convirtió la cercanía política en experiencia profesional; y para cada integrante del Gobierno que pasó cuatro años denunciando la herencia recibida mientras preparaba una herencia todavía peor.
Lo ocurrido con Guillermo Alfonso Jaramillo no es solamente una anécdota de mal gusto. Es el resumen de este Gobierno: la transformación de la responsabilidad en heroísmo, del fracaso en relato y del poder en una máquina de autocelebración. Si el criterio para merecer la Cruz de Boyacá es haber dejado una institución peor de como se recibió, que preparen muchas más, en el “Gobierno del Cambio” sobran los candidatos.
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