Un reportaje que pone en riesgo la integridad de una teniente, una exposición mediática que dispersa la discusión pública sobre la honra simbólica de las Fuerzas Armadas y un espacio comedido a voces desdeñosas del nuevo gobierno en materia de representación ideológica y protagonismo coyuntural.
Es natural que existan medios de comunicación con reservas frente al nuevo gobierno que está próximo a posesionarse. En un momento de incertidumbre pública respecto de la estrategia de seguridad nacional y de las banderas prioritarias del gobierno electo, una de las principales discusiones de la coyuntura política ha girado en torno a la ceremonia de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.
La intención de envalentonar a las Fuerzas Armadas y de transmitir un mensaje de descentralización llevó a que, durante las últimas semanas, se especulara sobre la propuesta del presidente de asumir el juramento como representante de la nación en una guarnición militar del Cauca. Una decisión que cobra un profundo simbolismo en un momento particularmente frágil para la seguridad ciudadana, tanto en las zonas urbanas como rurales del país, y en una región donde la presencia de grupos armados se ha recrudecido.
En paralelo, han surgido posturas disidentes frente a esa agenda, propias de actores del debate público, como @estoescambio, quienes se han mostrado reiteradamente críticos de la intención del nuevo gobierno respecto a este acto protocolario. Es completamente natural que, en un país democrático, los medios tengan la libertad de expresar apoyos o disensos frente a las dinámicas políticas. Sin embargo, algunas decisiones editoriales pueden terminar atentando contra la imagen institucional de entidades públicas como las Fuerzas Armadas.
Hace pocos días, el medio publicó una nota en la que revelaba, incluso con autorización del Ejército, el nombre completo de una teniente que había participado en operativos con drones para identificar bases de operaciones de disidencias armadas en la región del Catatumbo.
El medio incluso censuró los comentarios de la publicación que cuestionaban el riesgo potencial al que sometía a la militar al revelar su identidad en el marco de un procedimiento que, por razones de seguridad y, con mayor razón ética, debería permanecer confidencial frente al ojo público para proteger tanto la integridad de la oficial como la efectividad de la operación. Resulta llamativo que, aun cuando el propio medio aclaró que el Ejército había suministrado la información, no ejerciera un criterio editorial frente al carácter sensible de esos datos.
Para complementar, el mismo medio, sin mayores explicaciones que la frase “a petición del mismo miembro de las Fuerzas Armadas”, publicó tiempo después otra noticia relacionada con la discusión sobre la posesión presidencial, en la que un militar entrevistado expresaba su incomodidad con la realización del acto simbólico en una guarnición militar. La fuente sostenía que aquella decisión no era más que una instrumentalización simbólica de las Fuerzas Armadas al servicio del discurso del presidente.
A esta voz anonimizada se sumó la de un senador electo del Centro Democrático, quien aprovechó la exposición mediática para afirmar, de manera petulante y pretenciosa, que “apostaba a que los militares se sentían incómodos con esta decisión”. Con ello, el medio terminó reforzando una narrativa según la cual existía un malestar generalizado dentro de las Fuerzas Armadas frente a la propuesta de realizar la posesión en una guarnición militar.
Esta seguidilla de reportajes parece desdibujar la percepción de las Fuerzas Armadas frente al nuevo gobierno en la antesala de un acto que busca legitimar y fortalecer el ímpetu militar nacional, precisamente en un contexto de deterioro de la seguridad territorial. Esa actitud no solo resulta irresponsable, sino que también contribuye a fracturar el respaldo institucional que la nueva administración necesita para desarrollar una política de seguridad acorde con las necesidades de los territorios.
Más complejo aún resulta asumir una vocería en representación de los castrenses para reafirmar, en esencia, una posición crítica frente al nuevo gobierno y a su propuesta en materia de seguridad. Porque una cosa es informar sobre voces individuales dentro de una institución, y otra muy distinta es sugerir que estas representan el sentir colectivo de quienes la conforman.
Valdría la pena replantearse hasta qué punto el periodismo puede “hablar por otros” cuando, desde su propia inconformidad, termina atribuyendo posiciones colectivas que nunca fueron expresadas como tales.
Otros escritos de este autor: https://noapto.co/samuel-sarria/
