Entonces Colombia se rajó en las pruebas PISA.
Y nuestra educación, que se encuentra por debajo del promedio de la OCDE -cuyos estándares determinan el nivel de formación en ciencias, matemáticas, lectura y resolución de problemas computacionales- se expuso al mundo en un ritual de humillación; después de haber sido comparada con los demás países incluidos en el ranking de evaluación.
Las pruebas PISA, o “Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes” no fungieron solamente como una deficiencia estructural en la formación de los jóvenes, sujeto de crítica y debate público. También fueron el catalizador de un intenso intercambio de acusaciones entre actores del sistema educativo y el Estado (o en su sentido más político, el gobierno). El sindicato por gremio más grande del país FECODE, o la Federación Colombiana de Trabajadores por la Educación, se fue de frente contra las institucionalidad pública, en un ánimo de denunciar la precariedad que se vive en el sector.
Pero, planteando que el aprendizaje es en parte dependiente de quien se responsabilice de la enseñanza. ¿La crítica del sindicato al establecimiento tiene peso y razón de causa?
Los alegatos son que “Como ya es usual…” se pretende “concentrar el debate en responsabilizar a los docentes.” Esta conjetura, surge de una premisa netamente conveniente para el sindicato. Cuestionar el desempeño de los docentes es equivalente a desconocer las instancias materiales en las que ejercen su profesión.
Pero las cosas no son así.
No se puede negar que la precariedad estructural en materia de infraestructura, brechas territoriales, desigualdades socioeconómicas, alimentación escolar, acceso a tecnologías y condiciones laborales de los maestros inciden directamente sobre el desarrollo del aprendizaje. Sería injusto pretender que un profesor podría compensar todas las carencias institucionales que se viven a lo largo ancho del territorio nacional, ingenuo incluso.
Pero ello tampoco significa que los maestros sean inmunes a la evaluación. El aprendizaje también depende de la calidad de quien enseña, por lo que la labor de la enseñanza también debe ser sujeto de escrutinio.
Y con los resultados tan inferiores de estas pruebas, surge la pregunta: ¿Qué está ocurriendo dentro del aula de clases?
FECODE pierde legitimidad cuando transforma cualquier cuestionamiento sobre la enseñanza de sus maestros en un ataque directo contra los profesores, porque la calidad educativa es una exigencia que la sociedad como un todo también debe hacer, siendo este un base para su calidad de vida.
Lo más grave cuando se aborda las dimensiones que tocan a FECODE en esta discusión, no es solamente la dimensión de educación, sino también la política. Un sindicato con la capacidad de movilizar a cientos de miles de trabajadores e influir sobre la agenda pública educativa, no puede pretender que sus actuaciones tengan intención de “reivindicaciones gremiales”. Mucho menos cuando, en varias ocasiones, sus intereses corporativos se entrelazan con disputas y campañas políticas que no guardan relación alguna con el elemento central de la educación:los estudiantes.
Defender al maestro es legítimo. Defender sus derechos laborales también es necesario. Pero convertir cualquier cuestionamiento a la calidad de la enseñanza en una agresión contra el magisterio es otra cosa. La educación pública no puede ser rehén de quienes deberían ser sus principales defensores.
El problema no es que exista un sindicato de maestros. El problema está cuando el sindicato olvida que antes que trabajadores, antes que militantes y antes que actores políticos, existe una generación de estudiantes que depende de que alguien, dentro de un aula, haga bien su trabajo.
Y quizá ahí radica la verdadera tragedia de los sindicatos mentecatos: no que defiendan demasiado a sus maestros, sino que, en medio de la defensa, terminen olvidando para quién existe la educación.
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