Un policía puede disuadir a un potencial delincuente, incluso con su sola presencia. Esta idea no es exclusiva de modelos de disciplinas como la criminología o la economía del crimen. De hecho, es frecuente que una buena parte de ciudadanos exijamos mayor presencia policial en las calles ante un aumento de tasas delincuenciales. A su vez, alcaldes y gobernadores de distintos matices ideológicos suelen coincidir en pedir un mayor número de agentes como estrategia para la prevención y el control de la delincuencia. Incluso, en el ámbito internacional se comparan las tasas de policías por cada cien mil habitantes para medir el éxito de un Estado a la hora de impactar positivamente en la seguridad ciudadana.
En teoría, la presencia de un policía representa mayores probabilidades de que se identifiquen, capturen y se lleven ante la justicia a los victimarios. Se supone que un potencial delincuente no optaría por cometer un delito si observa que hay mayores probabilidades de que, gracias a la presencia policial, pueda ser identificado, capturado y llevado ante la justicia. En principio este cálculo de costo-beneficio sucede en la mente de un individuo racional, con capacidad para definir cuál es la opción que más le gusta y descartar aquellas opciones que no le resultan convenientes.
Bajo esta lógica, los actos delictivos ocurren cuando existen suficientes incentivos para que los individuos decidan cometer un acto ilegal. La teoría dice que estos individuos asumen que no existen, o que son mínimos, los riesgos de ser capturados, judicializados o incluso de perder la vida en el intento. El punto central para la disuasión es que el Estado pueda ser eficiente y demostrar que, sin lugar a dudas, delinquir no paga; es decir, que los costos, tanto monetarios como no monetarios, de cometer un delito son tan elevados que siempre resultará mejor dedicarse a otra actividad.
No obstante, debido a múltiples ineficiencias esta teoría parece poco aplicable en la práctica: el Estado colombiano ni siquiera dispone de datos precisos sobre la cantidad de delitos que se cometen a diario, la impunidad es elevada y las cárceles no cumplen con su sentido original de resocialización. Aún así, dentro del amplio espectro delictivo es posible que la disuasión mediante el aumento de la presencia policial sea más efectiva en el caso de los delitos contra la propiedad en el espacio público, como los hurtos de carros, motos o pertenencias menores, tales como celulares o bolsos.
Las fuentes académicas generadas en Colombia, pero también aquellas provenientes de otros países de América Latina y del mundo, muestran que sí se pueden lograr reducciones significativas en las tasas de crímenes contra la propiedad en el espacio público cuando se incrementa de forma proactiva la actividad policial. Esto puede lograrse mediante la concentración de agentes en puntos calientes, la intensificación de patrullajes, el uso activo de tecnología o a través de una estrategia orientada a resolver problemas de especial interés para la ciudadanía.
En general, la evidencia indica que la presencia física de los agentes es importante; sin embargo, resulta igualmente relevante la condición de dicha actividad. Un servicio policial moderno no puede ser de calidad si, en primer lugar, no se comprende a cabalidad el territorio en el que se busca reducir la delincuencia. En segundo lugar, si las acciones policiales no generan confianza. En tercer lugar, si la información recopilada en el territorio no se traduce en acciones eficaces y oportunas para mitigar las amenazas contra el patrimonio. Y, en cuarto lugar, si no se entiende que la mejora en seguridad y convivencia requiere de un trabajo articulado con la ciudadanía y otras instituciones estatales –a nivel nacional, departamental y local– que actúen como aliados estratégicos y no como meros observadores o validadores pasivos.
En este contexto, resulta posible interpretar la propuesta de los “guardianes del orden” de la Alcaldía de Bogotá como una estrategia necesaria para fortalecer el papel de la policía en aquellos territorios donde la actividad en el espacio público puede verse limitada por la escasa disponibilidad de información en tiempo real. César Restrepo, Secretario de Seguridad del Distrito Capital, ha explicado que este personal se enfocaría en recorrer puntos estratégicos para identificar riesgos y vulnerabilidades en las comunidades, con el fin de minimizar dichos factores. Así, respetando las fronteras constitucionales de las funciones de la Alcaldía y la Policía, se puede proyectar una oportunidad única para que parte de la amplia oferta de servicios distritales –sociales, educativos, culturales y económicos– se enfoque en la prevención del crimen y la violencia. Todo ello, bajo una lógica de trabajo colaborativo, respeto a los principios democráticos, transparencia y rendición de cuentas.
El desafío radica en demostrar que esta nueva figura no se convertirá en sustituto de la policía, ni en una parapolicía, ni en un grupo de abusadores que, en nombre del “orden”, imponga criterios personales que terminen pisoteando la libertad individual.
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