Tal vez sea tentador pensar que se puede gobernar solamente desde la técnica, enfocándose en encontrar soluciones eficientes para los problemas más apremiantes que nos acechan, y evitar la política, esa difícil, incesante y, a veces desgastante confrontación de ideas sobre diferentes proyectos de sociedad. Pero esa tentación no es más que una quimera vacía.
En una democracia las decisiones que deben tomar los gobernantes no son, ni pueden ser, simplemente técnicas, pues gobernar consiste en algo que va más allá de buscar las soluciones más eficientes a problemas existentes y definidos previamente. Gobernar no reside simplemente en encontrar los medios óptimos para lograr una serie de fines, sino que incluye decidir cuáles sí y cuáles no vale la pena intentar alcanzar colectivamente. Y esto no es un ejercicio técnico, sino eminentemente político.
Tomemos, por dar un ejemplo, los asuntos relacionados, aunque no idénticos, de la pobreza y la desigualdad socioeconómica.
Para algunas personas, a quienes llamaré el Grupo S, la pobreza merece ser tratada como un problema público, puesto que consideran que como sociedad no debemos permitir que ninguna persona viva una vida por debajo de un umbral de recursos determinado, por respeto con la dignidad que tenemos todos como seres humanos. Pero esto no impide que el Grupo S, simultáneamente, considere que siempre y cuando ninguna persona esté por debajo de un umbral de pobreza determinado, no importa que existan altos niveles de desigualdad socioeconómica; el problema, dice el Grupo S, es evitar la pobreza aguda, pero la desigualdad socioeconómica en sí misma no es algo que pueda ser objeto de algún tipo de reproche, pues simplemente refleja los diferentes niveles de esfuerzo que cada uno ha realizado en su vida.
En contraste, otras personas, a quienes llamaré el Grupo I, consideran que tanto la pobreza como la desigualdad socioeconómica representan un problema público y, en consecuencia, deben ser objeto de atención política. Claro, razona el Grupo I, tal vez nuestra primera tarea como sociedad sea enfocarnos en evitar que haya personas en situación de pobreza aguda, pero incluso si no las hubiera, la desigualdad existente en todo caso sería problemática. Dentro del Grupo I, el Subgrupo I1 argumenta que la desigualdad debe ser enfrentada debido a que puede tener consecuencias nocivas sobre la sociedad como, por ejemplo, bajos niveles de cohesión social que aumenten los costos de transacción y, en consecuencia, hagan más ineficiente el sistema productivo. Pero el Subgrupo I2 sostiene que, incluso si la desigualdad no tuviera efectos negativos, esta es un problema moral, pues obedece, al menos en parte, a factores moralmente arbitrarios, como los talentos naturales innatos y el contexto social en el que se nace y por esto debe ser objeto de atención política.
Por otra parte, el Grupo L argumenta que, si bien la pobreza y la desigualdad socioeconómica pueden ser asuntos trágicos y dolorosos, estas no son moralmente objetables, siempre que obedezcan a la libre toma de decisiones por parte de los individuos en el marco de un sistema en el que ninguna persona pueda forzar a otra a hacer algo que no quiera. Así, diría el Grupo L, el hecho de que, en razón de una serie de decisiones tomadas de manera libre y descentralizada por múltiples individuos, algunos resulten teniendo más que otros, y que aquellos que menos tienen se encuentren en una situación en la cual a duras penas pueden sobrevivir, no es una situación moralmente objetable y, como corolario, no debe ser objeto de atención política. Sería admirable, señalaría el Grupo L, que a los individuos más afortunados se les pregunte si quieren donar parte de sus recursos para ayudar a los más desaventajados y que estos libremente decidan hacerlo; pero de ninguna manera podría argumentarse que existe la obligación moral de ayudar a los más desafortunados y, menos aún, que se debe recurrir a la política para forzar una redistribución de este tipo.
Los párrafos anteriores ejemplifican tres visiones morales y políticas simplificadas, pero basadas en posturas existentes, sobre los asuntos de la pobreza y la desigualdad socioeconómica. Personalmente, me siento más identificado con la posición del Subgrupo I2 del Grupo I, a la cual considero moral y políticamente correcta. Pero vivimos en sociedades marcadas por el pluralismo moral y el desacuerdo político, en las cuales es posible y legítimo defender con argumentos razonables posiciones como las de los grupos S, I y L, además de muchas otras. Y este tipo de razonamiento no aplica únicamente para la pobreza y la desigualdad, sino para todo tipo de cuestiones objeto de debate público: seguridad, alcance y límites del derecho a la vida, usos legítimos de la tierra, entre otros.
Pretender que se puede gobernar solamente desde la técnica, asumiendo que lo único que debe hacerse es buscar los medios más adecuados para perseguir ciertos fines predefinidos, cuando el arte de gobernar democráticamente requiere que se impulse la deliberación sobre lo que consideramos y lo que no como fines legítimos de intervención política, es, en el mejor de los casos, una ilusión vacía, y en el peor, una manera soterrada de suprimir el pluralismo moral y el desacuerdo político.
