La discusión sobre las reformas del Gobierno Nacional ha estado marcada por la vieja disputa ideológica entre el Estado y el mercado. Del lado del gobierno se sostiene que la búsqueda de ganancias es incompatible con la garantía de derechos. El mercado no cumple ninguna función social más allá del rendimiento económico. Su razón de ser es la rentabilidad, el aumento de las ganancias, no la prestación de servicios sociales. Del lado de la oposición se dice que el Estado ha sido históricamente ineficiente para administrar los recursos públicos por lo que el mejor camino es delegar la garantía de derechos en un sector privado “eficiente”.

En la reforma a la salud es donde más claramente se pueden observar estas posiciones. El petrismo argumenta que la brecha entre el campo y la ciudad, en la prestación del servicio, se explica por la falta de incentivos de las EPS privadas para operar en lugares de difícil acceso. La oposición por su parte señala que las transformaciones de la Ley 100 permitieron una eficiencia en la garantía del derecho a la salud que no hubiera sido posible sin el sector privado. Ambos tienen razón y ambos se equivocan. El problema del maniqueísmo entre el Estado y el mercado es que plantea una conversación entre absolutos, que reduce la complejidad social a la caricatura.

Es cierto, como dicen los petristas, que la principal motivación de los agentes en el mercado es la obtención de ganancias, pero eso no significa que haya una incompatibilidad absoluta con la garantía de derechos. Adam Smith lo dijo hace más de 200 años y la historia del capitalismo moderno le ha dado la razón. La búsqueda del interés propio, entendido como beneficio económico individual, puede generar bienestar colectivo. La garantía de derechos, en ese sentido, puede ser también un negocio regulado.

La oposición tiene razón cuando señala las deficiencias históricas del Estado en la garantía de derechos, pero eso no es argumento para seguir promoviendo una reducción sistemática de sus funciones en favor del mercado como institución reguladora del bienestar social. Como bien lo ha señalado Michael Sandel, las sociedades contemporáneas deben determinar unos límites morales del mercado, unos lugares en donde los criterios de asignación no sean la rentabilidad, la oferta, la demanda y el sistema de precios.

La discusión más provechosa parece estar entonces por fuera de los fundamentalismos del mercado y del Estado. En los matices necesarios para tratar de entender la complejidad social. En comprender que la pregunta cambió hace décadas, y ya no es por el protagonista si no por los niveles. ¿Estado o mercado? ¡No! La cuestión es ahora, y desde hace rato, ¿cuánto Estado y cuánto mercado?    

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