«La economía en ocasiones dista de la sociedad». Un politólogo alguna vez me dijo que los economistas, a veces, tomamos decisiones completamente perjudiciales para la sociedad en general, pensando en las finanzas y en los números, pero no en el individuo.

Reflexionando sobre esta idea, reconocí que ciertas decisiones económicas, aunque percibidas negativamente desde la óptica del bienestar social, pueden en realidad aliviar problemas silenciosos y más graves que los males visibles, sin embargo, no son tan populares como las simples soluciones que dan respuestas rápidas a problemas confusos.

No es un secreto que el deterioro macroeconómico resultante de la crisis del COVID-19 y la reactivación económica, afectada por aumentos en la inflación, ha exacerbado las principales variables macroeconómicas: el desempleo, las tasas de interés, las condiciones laborales, el sistema de salud y la actual situación pensional, son algunos ejemplos.

Estas presiones sobre los sistemas que sostienen el bienestar de la sociedad han llevado a un intento desesperado por recuperarlas, generando tanto aciertos como errores en la incertidumbre de establecer políticas macroeconómicas adecuadas.

El paro camionero de esta semana es una respuesta a una solución de corto plazo propuesta hace años para un problema silencioso, que a su vez trajo consigo otro mal encubierto. Esta solución, la política fiscal de corto plazo, fue adoptada sin considerar adecuadamente sus repercusiones a largo plazo.

El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) es un ejemplo de un subsidio destinado a mitigar el impacto negativo del aumento de los precios de combustibles. Durante años, el gobierno nacional subsidió una parte significativa del precio de la gasolina y el ACPM para mantenerlo bajo y estable, evitando así impactar el poder adquisitivo de la población relacionado con los costos de transporte terrestre y desplazamiento de alimentos, medios principales de abastecimiento nacional.

Aunque la intención del FEPC fue positiva, su costo fue elevado: precios bajos a cambio de una deuda alta, poniendo en riesgo la estabilidad macroeconómica y, de manera más silenciosa, el bienestar social a largo plazo.

El debate sobre los subsidios es significativo: algunos argumentan que deberían evitarse porque luego se compensan con impuestos o cobros adicionales a la población; otros sostienen que son esenciales para el bienestar de las poblaciones vulnerables y deben asignarse sin reproche por su bienestar.

Es ahí donde surge la pregunta, ¿Son los subsidios realmente una solución a los problemas sociales? o ¿solamente son un método de postergación del problema?, ¿cuáles fueron las estimaciones en su momento realizadas por el FEPC, para pensar que un subsidio cubierto con deuda no traería costos al bienestar social? ¿Fue la política fiscal de ese momento, una propuesta populista para ahorrar manifestaciones y molestias sociales, al menos por los pocos años de ese gobierno?

El dilema de beneficiar el bienestar social de largo plazo frente al de corto plazo fue uno de los principales detonantes de la crisis actual y refleja la falta de proyecciones claras sobre el impacto de estas decisiones, no solo a nivel fiscal y económico, sino también social.

Hoy, los costos de estas políticas comienzan a manifestarse con un paro camionero que afecta la movilidad y el abastecimiento en las principales ciudades, elevando los precios de los alimentos debido a los mayores costos de transporte en un contexto de inflación que disminuye lentamente. Nos enfrentamos a una sociedad con condiciones laborales adversas, pocas oportunidades, y un desgaste emocional y de confianza en las instituciones, lo que resulta en una impaciencia palpable frente a las decisiones de un gobierno que fue elegido para decidir sobre su bienestar.

En este entorno, la política fiscal no solo se vuelve un desafío financiero, sino una cuestión profundamente social, donde cada decisión resuena en la vida cotidiana de la población. En última instancia, la conexión entre la economía y la sociedad debe ser reforzada, no solo en teoría, sino en la práctica cotidiana de nuestras políticas públicas, para que evitemos, que como hoy, la economía diste de la sociedad, teniendo soluciones que den pan para hoy, pero generen hambre mañana.

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