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Atender y aplicar las recomendaciones dadas por instituciones como La Comisión de la Verdad en ejercicio de reparar a las víctimas y enfrentar los impactos sociales que ha dejado un conflicto armado de más de 60 años de guerra; apuntar a la democratización de la sociedad fomentando la presencia y participación de diversos colectivos dentro de las mesas de diálogos que permita reforzar esta herramienta como la principal apuesta para llegar a acuerdos; la educación, el desempleo y la seguridad ambiental, son algunos de los grandes desafíos que deberá enfrentar el presidente Gustavo Petro. Esto, de la mano con la construcción de un gobierno con y para las mujeres.
Los asuntos cruciales dentro de la agenda feminista nacional en torno a la igualdad y equidad de género son imprescindibles para el desarrollo de la sociedad y representan un gran reto para el nuevo gobierno, considerando que su llegada al mandado se enfrenta a un panorama de país donde la mujer ha vivido diversas violencias sistémicas y estructurales, donde el feminismo interseccional nos plantea no solo las condiciones de invisibilidad que ha padecido la mujer en Colombia, sino que sobre la mesa nos one la doble discriminación y dominación que han sufrido las mujeres negras, indígenas, homosexuales, entre otras. Esto, reflejado en un mercado laboral desigual donde la tasa de desempleo (según datos del DANE para abril 2022) para las mujeres se encuentra en un 15,4% en comparación a un 9,6% de los hombres, una brecha 5,8 puntos porcentuales que continúan ilustrando las condiciones adversas que enfrentan las mujeres para poder ingresar al mundo laboral.
Para la formulación de herramientas políticas y económicas que sean efectivas en el cierre de estas brechas de género, como lo puede ser una Reforma Tributaria, el principal reto recae en reconocer y analizar las condiciones socioeconómicas que afrontan las mujeres, dado que Colombia es un país en donde el 40,7% de los hogares tiene una jefatura representada por la mujer y de los cuales el 74,2% son de mujeres sin cónyuge, es decir, cabezas de hogar. Lo anterior plantea un panorama donde el nuevo gobierno tiene como desafío proponer una reforma tributaria estructural, igualitaria y progresiva.
Si analizamos la estructura de la fuente de ingresos tributaria en Colombia, el 9.5% corresponde al impuesto del seguro social y el 43% impuesto al consumo. Este último, un impuesto indirecto que no consulta la capacidad de pago de los contribuyentes, representa una regresividad e incrementa las desigualdades económicas; considerando que la pobreza monetaria golpea notoriamente a las mujeres con un 40,3% para el 2021 y golpea aún más fuerte si esta mujer es jefe del hogar representando una incidencia de 42,9%.
Por todo lo anterior, entender una reforma tributaria con enfoque de género nos permite plantearnos esa reforma estructural que atienda la realidades del país, donde el 55,3% de los hogares monoparentales con jefatura femenina y presencia de menores de edad, se encuentran en pobreza.
Se debe plantear una reforma con un enfoque económico significativo sobre el impuesto indirecto dentro de una sociedad con sobrerrepresentación de mujeres en la población pobre, que además deben afrontar mayores dificultades en comparación a los hombres para acceder a la educación y al mercado laboral, y dejar de proyectar sesgos implícitos de género dentro de la política fiscal, que se evidencian en los impuestos sobre el consumo indispensable por razones biológicas, el famoso impuesto rosa y la asignación cultural sobre las mujeres como responsables de personas dependientes y por ello la compra de sus productos del cuidado.
Es por esto que los asuntos en materia económica del nuevo gobierno deberán apuntar a reconocer estos sesgos dentro de la tributación y diseñar una reforma que permita anular cargas desiguales o compensarlos con el gasto presupuestal, con el fin de lograr una sociedad equitativa y democrática.
