Ha causado enorme ruido la reversa en los nombramientos de tres personas en cargos relevantes, una de ellas ya nombrada y dos más a punto de estarlo. Dos cargos públicos y uno gremial: la dirección del Departamento Nacional de Planeación- DNP, la Dirección de Medicamentos del Ministerio de Salud y la presidencia de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. En los tres casos, las personas que ocupaban u ocuparían el cargo tenían las credenciales suficientes para desempeñarlos por su trayectoria, conocimiento y experiencia.
Lamentablemente, Carlos Sepulveda, Hannah Escobar y Carolina Soto no están hoy ocupando estos cargos, importantes para la vida pública, por razones que son altamente preocupantes para la democracia colombiana.
En el primer caso, el economista Sepúlveda, fue anunciado el 12 de agosto por el Gobierno Nacional como el director del DNP, pero 48 horas antes de firmar el decreto oficial, el nombramiento se había caído. No hubo explicaciones ni un comunicado oficial, pero sí varias hipótesis sobre lo ocurrido. Sepulveda es un economista destacado, que ha trabajado en la formulación de varios planes de desarrollo nacionales. Las hipótesis más relevantes son dos: salió porque trabajó en el diseño del Plan de Desarrollo de Petro -plausible pero debatible porque trabajó en el de Santos y Duque también- o porque es gay, está casado con su pareja y adoptó un bebé. Esto último, de ser cierto, nos remite a una agenda anti derechos del actual gobierno donde no hay cabida a ambas situaciones: personas LGBTIQ que se casen y que además adopten niños.
En el segundo caso, Hannah Escobar, activista en redes por el derecho a la salud, quien fue férrea opositora al manejo de la salud del gobierno Petro, fue nombrada recientemente como directora de Medicamentos y Tecnología. No obstante, una semana después fue notificada por la propia ministra de que debía salir del cargo. Aparentemente su nombramiento había tenido mucho eco en redes sociales, donde gente afín al gobierno criticó el nombramiento y luego de un día de acoso con información manipulada, según cuenta ella, fue cuando le notificaron su salida por orden directa del presidente De la Espriella.
La razón de fondo de su salida, según ella misma expone, tiene que ver con su defensa a las libertades de las mujeres en relación con el aborto. Cuando un periodista le pregunta: ¿A usted la sacaron por una información falsa? Ella responde: “A mí me sacaron por defender los derechos de salud de las mujeres”.
En el tercer caso, el nombramiento de la presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura -CCI-, uno de los gremios más importantes del país y de naturaleza privada, desató otra controversia. Se había anunciado por parte de la CCI que quien estaría a la cabeza de la entidad era Carolina Soto, destacada economista, ex miembro de la junta del Banco de la República. A las pocas horas, salió información en redes sociales donde se cuestionaba por parte del gobierno nacional tal nombramiento, entre rumores de supuesto rechazo de los empresarios del gremio por lo mismo, en la tarde Carolina hizo pública una carta donde agradeció el nombramiento a la junta de la CCI, pero no lo aceptaba, pues entendía que la vocera de un gremio debe trabajar de la mano con el gobierno nacional y el ambiente no era propicio para asumir dicho cargo.
Las razones para el rechazo por parte de alguna parte del empresariado era que en realidad al gobierno nacional no le resultó de su gusto el nombramiento por ser ella la esposa de Alejandro Gaviria, quien ha sido crítico de los extremos ideológicos, incluyendo el de la Espriella.
Así las cosas, la meritocracia está cediendo a la denominada “batalla cultural”, o confrontación ideológica, donde el gobierno intenta imponer una visión particular de lo que debe ser la sociedad: la familia tradicional (opuesta a una pareja gay casada y con hijos); los valores religiosos cristianos (no al aborto, por ejemplo) y de ñapa una nula apertura a la crítica, al desacuerdo, a la oposición y al control.
Las señales nos las está dando la conformación de su gobierno y, aún peor, la injerencia en instancias del sector privado que deberían ostentar total independencia del gobierno de turno. Algunos podrán argumentar que el presidente puede y debe elegir a la gente más cercana y de mayor confianza; no obstante, no se nos puede olvidar que, de acuerdo con nuestra Constitución todos los servidores públicos sirven al Estado y a la comunidad, bajo los principios de la función pública: igualdad, mérito, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia, celeridad y publicidad.
Una excelente gerencia pública exige personas al servicio del Estado que tengan el mérito para hacerlo, de acuerdo con las funciones asignadas. Discriminar por creencias, orientación sexual, por defender derechos reconocidos legalmente en el país, es sumamente peligroso para la democracia, nos aleja de los avances en materia de derechos de las minorías y nos pone en un escenario cada vez más extremo y de confrontación.
Otros escritos de esta autora: https://noapto.co/piedad-restrepo/
