En cuatro días, la JEP adelantó la Audiencia Única de Verdad del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso. Sé que varias personas (incluyéndome) queremos estar al tanto de lo que dijo, pero resulta difícil, o tedioso, encontrar información al respecto con audiencias de más de cinco horas. Yo sí me pasé de desparchado y me puse a escuchar las audiencias del día uno al tres (el cuarto día es cuando escribo esto), así que aquí les compartiré algunos de los aportes más relevantes, además de algunos temas técnicos aburridores, pero importantes a tener en cuenta antes de tener las conversaciones de cafetería, la gritería silenciosa de las redes sociales o las declaraciones incendiarias de prensa que terminan desconociendo la importancia de este encuentro para las víctimas.

Cabe aclarar que el aporte de Mancuso puede ser sumamente relevante, entre otras cosas, porque de acuerdo con la Comisión de la Verdad, entre 1958 y 2018, los paramilitares fueron responsables del 48% de las homicidios del conflicto y del 52% de las desapariciones forzadas hasta 2016. Los grupos guerrilleros fueron responsables del 27% de lo primero y 24% de lo segundo. Imaginen la información que puede llegar a aportar de comprometerse con la verdad.

Mancuso solicitó someterse a la JEP en 2017 como tercero civil (personas que pueden acogerse a la JEP si contribuyeron de manera directa o indirecta a la comisión de delitos en el conflicto), pero en 2020 se rechazó su vinculación debido a que se encontró que, más que un tercero civil, se trataba de un “miembro orgánico de grupos paramilitares”. ¿Cuál es el problema? Pues el Acto Legislativo 01 de 2017, que modificó la Constitución de manera temporal para incluir normas derivadas del Acuerdo Final de Paz, en su artículo 16, señala que esos terceros que se sometan a la JEP no pueden “formar parte de las organizaciones o grupos armados”. Esta limitación obedece a que los paramilitares (como grupos armados) tienen su propio marco normativo, conocido como Justicia y Paz.

Sin embargo, esa decisión fue apelada. En 2022, la Sección de Apelación de la JEP concluyó que le otorgaría una posibilidad de vincularse si demuestra que se incorporó funcional y materialmente a la fuerza pública. Para ello, debía realizar aportes “presentes, efectivos y suficientes a la verdad plena” que conduzcan a demostrar: (1) que actuó como punto de conexión o bisagra entre la fuerza pública y los paramilitares y (2) su calidad de posible máximo responsable de la formulación y ejecución de ese patrón. La Audiencia Única de Verdad era el espacio para que Mancuso demostrara esos elementos.

Ahora sí, ¿qué pasó en la cancha? Con la magistratura y algunas víctimas en Montería y Mancuso desde una cárcel en Estados Unidos, tras un acto simbólico de apertura con plantas de aguacate y cantos por parte de las víctimas, Mancuso narró que “las Convivir fueron la manera en la que se le dio legalidad a la ilegalidad”. “Fueron el instrumento perfecto para la multiplicación de las autodefensas”. Explicó que esta estrategia sirvió como conexión de las autodefensas con la fuerza pública, la sociedad, la clase económica y la clase política.

Dijo que recibió entrenamiento por parte del ejército y la policía en todo tipo de artes de guerra. “Nos enseñaron que hacía más daño un ideólogo de la guerrilla. Que son cien guerrilleros enfusilados y a esos se les da prioridad”. “Nos enseñan que en el teatro de operaciones tenemos que poner en escena la comunicación del daño, el castigo, el terror que se va a infringir sobre el enemigo. Por eso era que todos los cuerpos quedaban allí en los lugares donde operábamos”.

Sobre su conexión con la fuerza pública, comentó que, en su calidad de paramilitar, contaba con carnet del ejército y policía, uniforme de policía cívica, al igual que brazaletes y radios. “Por cada dos bajas que producíamos a la guerrilla el ejército nos daba un fusil, en un principio. Luego nos vendía armamento con salvoconducto”. Pero la conexión era tal que, entre otros relatos, contó que una vez que lo detuvieron en la Guajira por porte ilegal de armas y el coronel de allí no quería soltarlo, el general Naranjo envió al coronel Danilo González en avión para que los liberara. Como había campesinos manifestando afuera del comando, la solución fue que salieran de allí disfrazados de policías. “La policía, el ejército y las autodefensas nos decíamos primos, nos consideraban su familia”.

Sin embargo, dijo que en un punto fueron tantas las bajas que el mismo Carlos Castaño ordenó que comenzaran a desaparecer a las personas. Esta orden surgió tras la presión por parte de altos mandos del ejército. Con las organizaciones de derechos humanos encima, le dijeron que “si dejábamos muchos muertos eso afectaría los asensos militares y tendrían afectaciones en su hoja de vida”. “Esas presiones se hicieron más fuertes después de la transición Pastrana-Uribe”.

Por esa razón, narró que tropas de las autodefensas decidieron utilizar hornos para incinerar a las víctimas (dato que ya se sabía y sobre el que escribí alguna vez), pero al avisarles que la fiscalía iría en busca de los restos inhumados, la solución fue crear fosas comunes en territorio venezolano (dato que no se sabía). En el país vecino “hay más de 200 personas. Esa situación se hizo por pedido de los militares. Hubo coordinación también con fuerza pública de Venezuela”.

Mancuso también se refirió a los apoyos económicos y políticos que recibieron las autodefensas. “En las Convivir Papagayo recibíamos tres centavos de dólar por caja de banano exportada. Un centavo para la Convivir; un centavo para la fuerza pública y un centavo para la autodefensa”. Fueron más de 200 empresas bananeras las que emplearon esa práctica, con lo que se recogieron “miles de millones de pesos”. Por otro lado, coroneles a cargo de la seguridad de Drummond les pasaron información a las autodefensas para asesinar a sindicalistas de esa compañía. Bavaria y Postobón realizaban aportes mensuales a cambio de que se les permitiera distribuir con facilidad.

Ecopetrol les permitía extraer combustible del oleoducto. “Nos entregaban tintura que ellos le aplicaban para poder venderla de manera legal en las gasolineras”. Asimismo, tenían varias reuniones anuales con el presidente de Fedegán de la época y había apoyo por parte de la generadora Termotasajero. En este punto cabe el dato de que Francisco Santos redactó una editorial para El Tiempo que sirvió para legitimar la labor de las autodefensas. Y es que “los medios nos buscaban a nosotros buscando la exclusividad. Hubo contacto permanente con los periodistas. Esos hechos servían de resonancia para el posicionamiento de las autodefensas”. En otras palabras, medios aptos para la guerra.

En cuanto a los apoyos políticos, mencionó que “las autodefensas intervinieron de manera directa en elecciones al Congreso en 2002 y también en las elecciones de mayo de 2002 de presidencia”. Pedro Juan Moreno, secretario de gobierno de la gobernación de Antioquia de Uribe, “nos asesoró a los Castaño como a nosotros”. Carlos Holguín Sardi, exministro del interior, “fue a solicitar que se creara el grupo de autodefensas en el Valle del Cauca”. Además, contó que “hubo apoyos en elecciones a Horacio Serpa, el mismo presidente Pastrana y a Uribe, pero les ruego que podamos hablarlo en audiencia privada”.

Y es que, sí, también hay partes de la audiencia que se quedarán en privado para proteger el derecho a la presunción de inocencia. Derecho que usted lector también debe tener presente a la hora de leer y escuchar cualquier información. La información que Mancuso entregó será estudiada por la JEP para determinar si este es aceptado o no. De serlo, su proceso ante esta Jurisdicción avanzará y quizás se podrá conocer un poco más de la verdad sin el escudo de la presunción de inocencia. Se me queda por fuera mucha información, pero a pesar de que eso es malo para usted, lector, habla bien de lo que logró la JEP en esta audiencia.

Otros escritos de este autor: https://noapto.co/martin-posada/