Ocho de catorce senadores de la Comisión Séptima hundieron virtualmente la reforma laboral del gobierno del presidente Petro. Este resultado se suma a otros intentos legislativos que no han prosperado, como la reforma a la salud y la reforma tributaria. La separación de poderes permite que estas discusiones se den dentro del marco institucional, pero la reacción del presidente ha sido recurrir a las redes sociales y a un discurso que invita a la movilización ciudadana para presionar al Congreso. Sin embargo, en una democracia representativa, las reformas no se aprueban por presión popular, sino por deliberación y consenso.
El mensaje de división del presidente es inoportuno en una sociedad polarizada, a la vez que plantea interrogantes sobre la concepción del poder y sus límites. No es la primera vez que un gobierno enfrenta el reto de ver sus propuestas debatidas, modificadas o rechazadas en el Congreso. Es parte del juego democrático. Lo preocupante es la insistencia en presentar este resultado como una afrenta personal, como si el Congreso estuviera obligado a aprobar las reformas del Ejecutivo sin cuestionarlas. La separación de poderes no es un obstáculo, sino una garantía de equilibrio institucional.
Más allá del discurso del cambio y la transformación, que pueden ser aspiraciones válidas, el debate político debe centrarse en propuestas concretas, viables y que mejoren las condiciones de todos en el largo plazo. En ese contexto, la convocatoria a una consulta popular es una pésima idea que genera más inquietudes que respuestas: ¿Qué se preguntaría? ¿Cuál sería su alcance? ¿Cómo impactaría la institucionalidad? Estas dudas deberían abordarse con transparencia antes de llamar a la ciudadanía a las calles.
En este punto, más que imponer su voluntad, el liderazgo del presidente debería enfocarse en construir consensos, en dialogar con los distintos sectores y en aceptar que no siempre sus propuestas serán acogidas sin modificación. Tiene como ejemplo la aprobación de la primera reforma tributaria que adelantó. Un verdadero liderazgo se mide no solo por la capacidad de impulsar reformas, sino también por la madurez de reconocer los límites del poder y la importancia de encontrar nuevas vías para alcanzar los objetivos sin socavar la institucionalidad.
Ninguna democracia saludable se fortalece cuando un mandatario concibe su papel como el mandamás, en el que sus decisiones deben ser acatadas sin discusión. El diálogo, la negociación y el respeto por los contrapesos son pilares fundamentales para cualquier sistema de gobierno que aspire a ser justo y equitativo. La historia ha demostrado que los líderes más influyentes no son aquellos que imponen, sino aquellos que persuaden, que suman aliados y que logran que sus ideas se materialicen a través de la concertación. Ojalá esa sea la senda que prime en los próximos debates.
En nombre de la constitución, un presidente no puede elegir el camino del autoritarismo y las amenazas.
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