Las buenas intenciones no producen, necesariamente, buenos resultados. Yo desearía que así fuera. Ahora bien, el mundo no es justo y debemos aprender a lidiar con eso, pues la intención de una persona no representa la acción de otra.

La Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) es un ejemplo perfecto de lo anterior. Esta Ley, promulgada en los años 90 durante la administración de George Bush (padre), tenía la intención de mejorar las oportunidades y la inclusión de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la vida, especialmente en el empleo. Una intención admirable. No obstante, diversos estudios evidencian que, a pesar de sus buenas intenciones, la ADA tuvo efectos contraproducentes en el desempleo de esta población, disminuyendo entre 7.2 y 13.5 puntos porcentuales la probabilidad de que encontraran empleo.

¿Por qué pasa esto? es lo que uno se pregunta de inmediato. En este caso, pareciera que los formuladores de la norma no hubieran contemplado una de las leyes humanas universales: las personas se mueven por los incentivos. Así, aunque la ADA ampliaba los derechos civiles de las personas con discapacidad, contemplando que no podían ser despedidas o rehusarse a contratarlas o pagarles menos, la Ley incrementó el desempleo de las personas con algún tipo de discapacidad, entre otras razones, por la ambigua interpretación de la norma, por miedo de muchas empresas a ser demandadas en el futuro, y porque otras prefirieron simplemente contratar a personas sin discapacidades, aduciendo que en el proceso de selección se mostraron “más preparadas”, algo que es casi imposible de demostrar por la confidencialidad del proceso mismo. No hay duda de que este tipo de cosas jamás deberían ocurrir, pero infortunadamente así no funciona el mundo. De ahí la importancia de lo técnico en el desarrollo de las políticas públicas. Y, cuando me refiero a técnico, abarco muchos campos del saber, no solo las ciencias exactas.

Finalmente, esta Ley se corrigió y ahora presenta mejores resultados.

En Colombia también hemos experimentado numerosos casos en los que nos vemos abocados a la ley de las consecuencias no deseadas. Y ocurre sin distinción política. En el año 2016, el país implementó un referendo para los acuerdos de paz por varias razones fundamentales, entre las que se destacaban la legitimidad democrática, la participación ciudadana y la construcción de un consenso nacional. Todos argumentos con buenas intenciones. Sin embargo, su resultado fue muy distinto a lo que se imaginaron quienes decidieron abordar ese camino. El ‘No’ ganó el referendo y la sociedad se polarizó por todo lo que vino después. Más allá de los motivos que llevaron a una u otra cosa, lo que quiero plantear es la necesidad de la lógica detrás de las decisiones.

Para poner otro ejemplo, recientemente ANIF advertía en un informe que la tasa de usura en Colombia estaba beneficiando a los préstamos gota a gota. En la teoría, la tasa de usura es el límite máximo que un banco puede cobrarle a una persona por un crédito y está diseñada para protegerlas de cobros abusivos. Recientemente se presentó un cambio en el cálculo metodológico de dicha tasa, llevando a que esta se redujera. Hasta ahí, todo bien en términos de intenciones. El efecto no deseado es que con estas tasas los bancos, como es natural, buscan cuidarse más en términos de riesgo de impago, excluyendo así a personas con mayor riesgo de incumplir con los pagos y llevándolos a acudir al préstamo gota a gota, que ya todos conocemos los peligros que acarrea. Nuevamente, lo que está detrás es el análisis en términos de incentivos para todos los actores detrás de una decisión.

La semana pasada leía la columna de Javier Mejía en El Colombiano, donde proponía desarrollar políticas públicas basadas, más que en la evidencia, en la lógica. Comparto su postura. La lógica, desde mi perspectiva, contempla elementos que pueden ir más allá de lo que está comprobado (evidencia) y no es tan inocente para actuar únicamente desde la perspectiva de las buenas intenciones. La lógica supone entender la incertidumbre y las complejidades que conlleva desarrollar acciones que sean viables y que mejoren, total o parcialmente, la vida de las personas. Las buenas intenciones no tienen nada de malo. Creo que son una parte importante en la construcción social. Sin embargo, valdría la pena tener presente que, en materia de políticas públicas o asuntos que impactan el diario vivir de los ciudadanos, la lógica pesa más que el deseo.

Otros escritos de este autor: https://noapto.co/andres-jimenez/