El próximo 24 de noviembre se conmemora el quinto aniversario de la firma del acuerdo de paz suscrito entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC, que se formalizó en el recordado acto de firma por las partes en el Teatro Colón de Bogotá, luego del tropiezo electoral que tuvo la primera versión del acuerdo en las urnas con el plebiscito del 2 de octubre de 2016.
El acuerdo no ha logrado ser, no nos ha puesto de acuerdo. La agenda propuesta por las partes que, para algunos es una renuncia a la soberanía y a la administración de justicia penal por parte del Estado, es una oportunidad histórica para otros de ver terminar por la vía negociada con una guerrilla de más de 60 años de existencia y una ampliación a las garantías ya establecidas en la Constitución de 1991. Por eso, tampoco nos ponemos de acuerdo en conversar sobre la verdad de su implementación, que tiene unos retos inmediatos en particular asociados a las medidas de protección y al cuidado de la vida de líderes y excombatientes, pero también tiene unos avances que han supuesto el reconocimiento de expertos y veedores internacionales, como los representantes de la Matriz de Acuerdos de Paz que, respecto a algunos puntos del acuerdo, hablan de avances sin precedentes en ningún otro acuerdo de paz en el mundo.
Hace un par de días, el instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, encargado por las partes de hacerle el seguimiento imparcial al acuerdo, publicó el más reciente informe sobre el estado de implementación. Los temas de tierras del punto 1, relativo a la reforma rural integral, y las disposiciones que desarrollan el enfoque étnico y de género son puntos rezagados en la implementación, y aquellos referidos al fin del conflicto, víctimas y mecanismos de verificación, son los que más avanzados se encuentran.
El año entrante se celebrarán las segundas elecciones parlamentarias y presidenciales después de la firma del acuerdo, y el punto 2 relativo a la participación política, volverá a estar en el centro de la discusión. Se trata de un punto clave que, según el informe, tiene un muy bajo porcentaje de disposiciones completas (14%) y que no se agota en las controversiales curules especiales que se otorgaron al partido creado por las antiguas FARC. En los últimos meses se aprobaron asuntos importantes que habían sido objeto de amplias discusiones jurídicas y políticas, como la promulgación del Acto Legislativo 02 de 2021, por medio del cual se crean 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la Cámara de Representantes para las víctimas, y nuevos puestos de votación en zonas rurales y de comunidades étnicas que, sumado al estatuto de la oposición en 2017, amplía el cumplimiento equitativo del propósito de ampliación de la participación democrática. Pero, entre otras disposiciones técnicas del acuerdo, han sido insuficientes las garantías necesarias en uno de los asuntos más básicos para avanzar en el propósito de la consolidación del proceso democrático como la vía definitiva para la terminación del conflicto: las condiciones de seguridad y garantía de la vida de líderes y lideresas.
Las garantías para la participación democrática de los firmantes y de las comunidades para las cuales se suscribieron disposiciones especiales vuelven a ser urgentes. Podría resumir el acuerdo en la intención de cambiar las armas por las ideas, salir del combate en la selva para librar la batalla en las urnas y a través de los mecanismos y las reglas democráticas, pero se requieren garantías para todos. Ahí no puede haber debates, no podemos tener diferencias sobre lo acordado en La Habana. Las condiciones para la conversación democrática deben cumplir con unos pisos comunes y unos mínimos no negociables del respeto a la vida y el núcleo de los derechos fundamentales. Mientras los mecanismos de justicia transicional sigan su curso para resolver las inquietudes de muchos, la tarea inmediata de las autoridades y de la ciudadanía es alentar el debate democrático con el que se acordó reemplazar el enfrentamiento en la guerra, y que sean las reglas de la democracia las que premien o castiguen las ideas de unos y otros, pero no nuevas expresiones de violencia.
