El Gobierno radicará en los próximos días una ley de sometimiento. Según lo anunciado, no habrá mesa de diálogo, ni salidas de la cárcel por esta vía, ni reconocimiento político, y las sanciones aún no se conocen. La premisa tiene sustento: las negociaciones prolongadas con grupos armados dejaron más promesas que entregas.
Sin una mesa de diálogo, cambia la naturaleza del problema. En una negociación, las partes ajustan los términos hasta que a ambas les conviene cerrar. Sin ella, el texto de la ley es la única oferta, y quien deba decidir si se acoge solo tendrá ese texto para calcular. Cuánto arriesga si sigue, cuánto recibe si se entrega y qué tan probable es que el Estado cumpla. En un país como Colombia, esa decisión enfrenta cinco desafíos.
El primero es la credibilidad. Colombia ha tenido sometimientos, desmovilizaciones y procesos de justicia transicional, y cada uno de ellos dejó una lección sobre lo que se promete y lo que se cumple. Quien hoy calcula entregarse lo hace con esa memoria. Una oferta con sanciones imprecisas o cambiantes se descuenta de entrada. Por eso importa que quien aporte más, ya sea información, bienes o rutas criminales, sepa de antemano que recibirá más.
El segundo es la protección. Entregarse significa abandonar una estructura que castiga la deserción y exponerse a sus represalias. Los procesos anteriores muestran que excombatientes han sido asesinados, y ese antecedente pesa más que cualquier beneficio escrito. Sin protección verificable para quien se acoja y para su familia, quedarse seguirá siendo la mejor apuesta.
El tercero es la verificación. Una ley generosa, sin control, premia a quien simula entregarse para seguir operando desde otro lugar. El Estado necesita capacidad para comprobar que la entrega es real, que el patrimonio se declara completo y que quien recibe beneficios no vuelve al delito. Y necesita estar dispuesto a retirarlos cuando no se cumpla.
El cuarto es la competencia. La estructura armada paga puntualmente, ofrece protección en territorios donde el Estado llega poco, entre otras cosas. Para quienes están ligados al narcotráfico existe, además, otra alternativa fuera del país: cooperar con la justicia de otro Estado a cambio de mejores condiciones, como han advertido algunos analistas. Una ley que compare su oferta solo con la cárcel subestima lo que el otro lado puede ofrecer.
El quinto es la diferenciación. No es lo mismo un cabecilla con patrimonio que un mando medio con cuentas pendientes o un integrante de base reclutado a la fuerza, ni una guerrilla que una estructura urbana. Una misma norma difícilmente les ofrece lo mismo, y quien lo intente tendrá que hacerlo sin que las víctimas vean en ella una forma de impunidad.
Estos desafíos no se resuelven solo con el texto de la ley. Todos dependen de la capacidad estatal en su conjunto: jueces y fiscales que procesen, cárceles que custodien, programas que protejan y sistemas que verifiquen. La ley puede redactarse en semanas. Lo que la hace creíble tarda mucho más. Por eso su primera prueba no será cuántos se acojan en el primer mes, sino si quien lo haga hoy sigue vivo y cumpliendo dentro de unos años.
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