A dos semanas de la posesión, Colombia se prepara para un tránsito particular: de un gobierno señalado, desde múltiples frentes, por las limitaciones de su apuesta por la Paz Total, a uno que construyó buena parte de su campaña señalando exactamente eso —lo que no funcionó— y prometiendo no repetirlo. Ese contraste trae consigo una expectativa concreta: que el nuevo gobierno entienda, desde el primer día, cuáles son los frentes urgentes en materia de seguridad, y que los primeros meses sirvan para sentar las bases de resultados sostenidos durante los próximos cuatro años. Estos son, para mí, los cinco que no dan espera.
El primero es la extorsión, un fenómeno que en Colombia arrastra un problema adicional: buena parte de los casos ni siquiera llega a denunciarse, por lo que cualquier cifra oficial subestima su verdadera magnitud. Lo que sí es claro es que la vacuna se normalizó como una renta que grupos armados y bandas locales cobran en zonas enteras del país, tanto urbanas como rurales, y que buena parte de la población y del comercio ya la asume como un costo fijo más. Ese es el punto de partida real: un delito que se subregistra porque ya se naturalizó.
El segundo frente tiene nombre propio: el clan del golfo. En pocos años pasó de ser una estructura regional a convertirse en la organización armada con mayor presencia territorial del país, con capacidad para operar simultáneamente en el Caribe, el Pacífico, el nordeste antioqueño y en buena parte del suroccidente. No es una pandilla local: administra territorio, cobra rentas, controla economías ilegales y, en no pocas zonas, sustituye al Estado como autoridad. Cualquier estrategia de seguridad que no mida esa escala corre el riesgo de tratarlo como lo que ya dejó de ser.
El tercer frente son las masacres, que siguen ocurriendo en distintas regiones del país. Es quizás el indicador más crudo de que en ciertos territorios el Estado todavía no logra imponerse como la única autoridad capaz de proteger a una comunidad. Mientras eso no cambie, cualquier balance de seguridad que no las mencione en primer plano quedará incompleto.
El cuarto frente, y el que más me pesa, es el reclutamiento de menores. Sigue concentrado en las mismas zonas de siempre –el Catatumbo, el norte del Cauca, el nordeste antioqueño– y sigue afectando, sobre todo, a la niñez rural que ya vive en medio del conflicto. Ningún otro fenómeno mide con tanta claridad lo que está en juego en el territorio: cuando un Estado no logra proteger a sus niños de la guerra, todo lo demás de su política de seguridad queda en un segundo plano.
El quinto frente no es un problema de orden público, sino de gestión de gobierno: convertir el diagnóstico de campaña y el anuncio de un plan de choque en una política de seguridad sostenida, con metas verificables, más allá del primer semestre. Ahí está, en últimas, la diferencia entre un gobierno que hereda estos cuatro frentes y otro que logra cerrarlos.
Confío en que este nuevo gobierno entienda la magnitud de estos desafíos y actúe con la urgencia que exigen. Los próximos cuatro años se van a medir, sobre todo, en esos resultados: menos vacuna naturalizada, un clan del golfo contenido, menos masacres y, sobre todo, ningún niño más reclutado. Esa es la agenda que no puede esperar.
Otros escritos de este autor: https://noapto.co/cesar-herrera-de-la-hoz/
