Charles Tilly y Sidney Tarrow definen la política contenciosa como “aquellas interacciones en las que los actores hacen reclamaciones que afectan los intereses de otros, y en las que los gobiernos u otras autoridades están involucrados ya sea como sujetos o como objetos de las reclamaciones”. La discusión sobre la reforma laboral que el gobierno presentó y que fue archivada en el congreso es un episodio de política contenciosa. En este caso, Gustavo Petro actúa como reclamante ante el congreso y los principales sectores que se oponen a la laboral. Para ello, utiliza un recurso que le da la constitución como la consulta popular y promueve movilizaciones.
El gobierno nacional en este caso es el sujeto de una disputa que puede contarse como política contenciosa. Si bien de acuerdo con Tilly y Tarrow es usual que las manifestaciones de este tipo de política ocurran fuera de los canales institucionales, y sean promovidas por actores que no tienen acceso al poder, ocurre también, como en el caso que menciono, que los gobiernos sean los reclamantes a otros centros de poder.
En este caso hay sectores con intereses particulares que se han opuesto a los derechos de los trabajadores formales. Incluso, en gobiernos anteriores, a punta de lobby, se han encargado de precarizar sus condiciones. La política contenciosa aparece cuando una disputa de un grupo particular pone en riesgo los intereses de otro. Los gremios se han encargado de volver popular la tesis de que el camino para solucionar el problema laboral en Colombia es la precarización.
La actuación de Petro frente a la reforma laboral supone también, simbólicamente, el inicio de la campaña del pacto histórico a la presidencia de la república. Algunos y algunas han señalado que las movilizaciones a las que ha convocado el gobierno nacional son una especie de segundo tiempo del denominado “estallido social”. Que como en esa ocasión, Gustavo Petro se vale de las movilizaciones para obtener réditos electorales. Creo que esta lectura es equivocada.
En las movilizaciones de 2021, el sujeto de la reclamación no era Gustavo Petro. Distintas organizaciones y movimientos sociales salieron a las calles a presentar su descontento con la situación del país en la que el gobierno de turno tenía responsabilidad. Las desafortunadas declaraciones del ministro de Hacienda de la época y la presentación de una reforma tributaria muy mal comunicada propiciaron esa movilización. Petro, como político de oposición, aprovechó esa ventana de oportunidad para apalancar su campaña a la presidencia y alentó a los manifestantes.
La situación actual es distinta. Gustavo Petro es el líder de una suerte de política contenciosa partidista, de una campaña a la presidencia. Eso no significa que el pasado 18 de marzo no se hayan movilizado personas y movimientos con genuino interés por manifestarse en contra de la decisión del congreso, pero ese no es el principal objetivo de esa acción política. La consulta popular no es el camino para viabilizar una reforma, es la mejor forma de medición electoral que tiene el pacto histórico de cara al 26. Los votos necesarios para que se apruebe son tan improbables como una eventual presidencia de Gustavo Bolívar.
La política contenciosa de Petro con la laboral es, sobre todo, el acto inaugural de campaña del pacto histórico. El deseo de conseguir vía movilización social lo que no ha logrado obtener su gobierno.
Otros escritos de este autor: https://noapto.co/juan-pablo-trujillo/
