Estas últimas semanas sucedieron varios acontecimientos: la CIDH falló a favor del partido Unión Patriótica afirmando que el Estado colombiano era culpable por el genocidio cometido contra más de 6.000 militantes de dicha colectividad que fueron asesinados en complicidad con actores del Estado por sus pensamientos, acciones y preferencias políticas.

También celebramos el día del periodista el 9 de febrero y salieron múltiples medios a hablar de la importancia de su labor. Para mí fue imposible no recordar la sentencia histórica sobre el caso de la periodista Jineth Bedoya: después de 20 años la Corte sancionó al Estado por no garantizar su protección y ser cómplice de los actos de secuestro, violación y tortura que vivió por ejercer el oficio de un periodismo crítico. 

Por otro lado, la ciudadanía de Medellín andaba alborotada porque la Fiscalía comenzó la imputación de cargos a la secretaria de Educación de la ciudad y al representante legal de una corporación por la celebración indebida de contratos. Dicha corrupción trajo como consecuencia que muchos de los niños y niñas más vulnerables de la ciudad, no accederían a la alimentación que se les debería haber suministrado desde el programa Buen Comienzo.

Estos acontecimientos, que pueden parecer aislados, tienen algo en común, la falta de diligencia de un Estado de Bienestar garante de los Derechos Humanos.

La debida diligencia es un término utilizado por las Naciones Unidas para evocar la necesidad de que las instituciones garantes de los Derechos Humanos actúen con proactividad en reconocer los riesgos reales y potenciales que pueden acontecer en contextos de vulneración. Es un término que evoca el cuidado, pues aborda la necesidad de construir acciones para identificar, prevenir y mitigar aquellos factores que pueden vulnerar los derechos.

Puede que esté siendo imprecisa con el uso del término y muchas personas que ejercen el derecho puedan explicarlo mejor, sin embargo, lo que me gustaría anotar de dicha categoría que salta a mi vista no sólo por su relevancia, sino porque ha sido una de las acciones que en ambos fallos de la CIDH se le imputó al Estado Colombiano es que, en ambas sentencias, se afirma que el Estado no fue diligente, no actuó en consecuencia con los riesgos que estaba identificando, sino que fue cómplice de dichos actos mediante su silencio, la poca proactividad y el letargo en los tiempos de actuación.

Cuando leí la sentencia de Jineth Bedoya y de la UP, esto fue lo que más me llamó la atención, pues se reconoce que la falta de diligencia es un acto de violencia, sí, es un acto de violencia. Los argumentos manifiestos sustentan que las violencias son afectaciones a la integridad personal, afectan la honra y la dignidad, a su vez, estas violencias se agudizan en contextos de subordinación y extremo silenciamiento. La violencia como medio simbólico busca silenciar, humillar, castigar, reprimir, intimidar a aquello que desea exterminar.

Por esta razón, en los tres casos que menciono al inicio de esta columna, queda de manifiesto que el Estado era conocedor de los riesgos y tiene procedimientos constantes para identificarlos y mitigarlos. Sin embargo, dejó que pasara el tiempo, guardó silencio, actuó en complicidad e invisibilizó e ignoró a quienes pusieron las alertas en todas las situaciones. El Estado fue violento, pues su ineficacia e indiferencia es una discriminación.

En este sentido, que dejen a los niños y niñas más vulnerables de la ciudad sin alimentación, que pasen 20 años sin que se haga justicia en actos de violencia y genocidio, que los casos de violencias basadas en género sigan en impunidad del 90% y que las juventudes sigan sin empleo, reafirma que nuestra institucionalidad estatal es violenta, feminicida y profundamente patriarcal.

Entonces, lo que está sucediendo no sólo debe de enfrentarse con toda nuestra indignación moral y ética, con todo nuestro sentido de justicia ante la corrupción, sino con toda nuestra rabia y dolor, por no cuidar la vida de las mujeres, de las personas en sus procesos de participación y las infancias en su ejercicio educativo. Y ojo, porque “la impunidad propicia la repetición”.

Otros escritos de esta autora: https://noapto.co/luisa-garcia/