En los últimos días, la palabra «intervenir» se ha popularizado. El gobierno ha sido el principal actor asociado a esta terminología, dejando a muchos ciudadanos con interrogantes sobre su relevancia y significado.

La palabra «intervenir» ha existido desde tiempos remotos, presente incluso desde la formulación de la primera teoría económica. Sin embargo, sólo recientemente, y debido al alboroto generado por la situación en el sector salud, ha cobrado protagonismo.

Entonces, ¿qué significa intervenir? ¿Por qué esta palabra suscita tanta inquietud? ¿Las intervenciones estatales tienen un impacto económico en nosotros? Tras una investigación, tengo algunas reflexiones relevantes. En el contexto gubernamental, el intervencionismo es una práctica usual en las economías capitalistas, donde el estado, a través de entidades gubernamentales o no gubernamentales, se encarga de empresas o mercados para enmendar el rumbo actual, sea por problemas financieros o situaciones que tengan efectos adversos sobre la sociedad.

Economistas de principios del siglo XX explicaron las razones detrás del intervencionismo, señalando que, en ocasiones, en una economía capitalista, cuando el mercado no opera de manera óptima, el estado debe actuar para corregir fallos de mercado u otros problemas, asumiendo su rol de regulador y garante del buen funcionamiento de los sistemas como coordinador designado de la sociedad.

El sector salud, incluso antes del gobierno de Petro, ha experimentado estas intervenciones, muchas debido a problemas financieros que requerían la intercesión del estado para rectificar los problemas existentes.

La incógnita que surge es: si el estado tiene la capacidad de intervenir en una empresa, generalmente de carácter mixto o que opera con fondos estatales, con el propósito de salvaguardar la integridad de los ciudadanos, ¿qué nos asegura que desempeñará su función adecuadamente?

Desafortunadamente para todos, la respuesta es incierta. Al igual que los anteriores administradores, el estado implementa cambios en el sistema, introduce nuevas metodologías y, a menudo, comete errores debido a la complejidad de la situación. No obstante, en varios casos, la mala gestión y los problemas financieros, originados por la dependencia de recursos públicos, son precisamente los que conducen a las empresas a estas circunstancias difíciles.

Personalmente, me cuesta confiar en un estado amplio que gestiona y regula numerosos sistemas, donde la principal razón para dudar es precisamente la limitación de recursos y una división de poderes que, curiosamente, se ve desdibujada.

Concluyendo, la intervención del estado, aunque necesaria en ciertas circunstancias, no siempre garantiza una solución efectiva. La historia nos ha mostrado que el exceso de control gubernamental a menudo conduce a ineficiencias y desviaciones del objetivo inicial de proteger y mejorar la vida de los ciudadanos. Es imperativo que las acciones del gobierno sean transparentes, sujetas a controles rigurosos y que la participación ciudadana en estas decisiones sea fortalecida. Así, la democracia podrá ejercer su función de equilibrar el poder y asegurar que las intervenciones se realicen por el bien común.

Además, se necesita una revisión crítica de los sistemas existentes para entender mejor cómo las intervenciones pueden llevarse a cabo de manera eficaz. Es fundamental que el gobierno, las empresas y los ciudadanos trabajen conjuntamente para crear un sistema que no sólo responda a las crisis, sino que también fomente la prevención y la sostenibilidad a largo plazo. Solo entonces, a través de una colaboración multidisciplinaria y una administración responsable, podremos esperar superar los desafíos económicos y sociales que enfrentamos como sociedad.

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