En Colombia hay algo que se olvida con frecuencia y que siempre es bueno recordar: la estabilidad institucional es lo más importante para la fortaleza del sistema político y democrático del país.

Estabilidad institucional no es satanizar la discusión política y la divergencia en el proyecto de país, algunas personas señalan como un mal del sistema actual la supuesta polarización, que no es otra cosa que la divergencia en los qué y los cómo logramos avanzar como sociedad. Esto no es necesariamente malo, cuando no tiende a los extremos armados, mientras la discusión se dé en términos de debate político puede decantar acuerdos básicos sobre lo que se viene.

Las elecciones son ese escenario de decantación de propuestas, el pronunciamiento mayoritario sobre la manera en que queremos afrontar el futuro, por eso es provechoso y benéfico que se tengan distintas y variadas opciones sobre las que se decida la que más convence a la mayoría.

Pese a eso, la campaña presidencial actual está mostrando unas tendencias que no son particularmente alentadoras y que van más allá de la decantación electoral de opciones y la selección del proyecto político nacional para los cuatro años venideros hacia un rompimiento institucional, o hacia generar las condiciones políticas que en una disputa descontrolada llevan a la desinstitucionalización.

Los ingredientes de esta bomba molotov se hacen cada vez más evidentes: el primero es la disputa entre candidatos que se criminalizan, descalifican y deshumanizan llegando al punto de no reconocer ni la validez ni la pertinencia de las ideas contrarias, incluso en algunos momentos se nota una idea de exclusión absoluta y de negación de la existencia misma de esas ideas del contradictor, cuando no de su persona, lo que es inaceptable sin importar el calificativo o envergadura de la amenaza, acá siempre se debe pecar por exceso de protección.

El segundo elemento es la falta de conocimiento y el irrespeto por las reglas de juego del escenario electoral, algunas legales y otras procedimentales, esto, en parte, alentado por la falta de altura del actual Registrador Nacional. Este es un proceso de desgaste largo que viene desde la utilización mayoritaria de la posibilidad de inscripción de firmas; la irrelevancia electoral que para las presidenciales ha tomado el entramado estructural de los partidos políticos, a diferencia del protagonismo partidista de las elecciones legislativas que separa la estructura electoral y complejiza la gobernabilidad nacional posterior a que asuma el nuevo presidente; la regulación y funcionamiento precario de las encuestadoras y su rol, junto a los medios de comunicación, en la formación (o deformación) de preferencias electorales. Un proceso de desgaste que termina en procedimientos al amaño de los candidatos y no a favor de los electores, como la decisión de participar o no en debates y la proliferación enfermiza de estos espacios que lleva a un caos logístico y operativo para las campañas y a una desazón en asistentes y organizadores.

El tercer, y último, ingrediente para la desinstitucionalización es la falta de competencia en algunos representantes actuales de esas instituciones en distintos ámbitos de gobierno. Ya hablamos del caso del Registador Nacional, pero hay otros que preocupan: el del general Zapateiro y el Ejército es diciente porque rompe con la no deliberación de las fuerzas armadas ante una actitud defensiva incomprensible del gobierno nacional que prioriza la agenda política en detrimento de la institución de gobierno civil de la fuerza. Pero también tenemos el papel de los políticos en su representación institucional en medio de la campaña: el Presidente, el Alcalde de Medellín y el Alcalde de Barranquilla, por nombrar solo algunos casos emblemáticos, distan mucho de lo que debe hacer un dignatario y sobre ellos recaen también el tambaleo institucional al que puede llevarnos esta elección presidencial mal tramitada por la crispación de las fuerzas políticas de los candidatos derrotados.

La base democrática e institucional colombiana no puede persistir sin la sana competencia electoral entre distintos, una que es respetuosa del contrincante y de las reglas de juego establecidas, además requiere que aquellos que hoy son gobierno, en muchos niveles, se comporten a la altura de una campaña retadora política y socialmente. La estabilidad del entramado institucional del país es lo que más importa y debe soportar una campaña pugnaz, esto no se nos puede olvidar.