Hace casi un año, el 24 de julio de 2023, cerraron la Casa de María y el Niño, en Medellín. Llevaba más de 40 años dedicados a la protección integral de los niños y niñas en situación de vulnerabilidad, como dice su página web aún existente. Después de todo este tiempo, no está claro por qué la cerraron. Lo que sí es claro es que muchos de los niños que estaban protegidos por esta institución ahora son más vulnerables.

La corporación solía tener dos licencias: la de acogida (o internado) y la de adopción. La última se la quitaron hace unos cinco o seis años, no se sabe muy bien por qué. Si bien se dijo que fue por errores en papelería, existe la presunción de que al director del momento no le hizo gracia que una pareja homosexual quisiera adoptar a un niño y, después de que se hiciera bulla con el tema, habría presionado para revocar la licencia. Como muchas cosas que ocurren en Medellín, los presuntos se quedaron en rumores, pero la certeza es que con el retiro de la licencia muchos de los niños quedaron a merced de lo que fuera a pasar con el lugar.

La Casa —o la “Casita”, como era conocida por sus allegados— entonces dejó de tener el propósito principal de la adopción. Incluso, el ICBF tampoco renovó la licencia de acogida, pues según lineamientos internacionales, los niños de 0-8 años reciben un mejor cuidado bajo la figura de hogares sustitutos —o familias suplentes— que se encargan de ellos. Sin embargo, en un país tan complejo como el nuestro, creo que existen diferentes dificultades con respecto a esta figura.

A pesar de la difícil situación en la que se encontraban los niños, la Casa de María y el Niño les garantizaba escolaridad, alimentación balanceada, salud, atención psicológica, recreación, personal capacitado y seguridad: derechos cuya garantía es incierta en un hogar sustituto, por más estudios del primer mundo que se tengan en cuenta para justificar el uso de esta figura en países como Colombia.

En más de un hogar sustituto se escuchan frases como “voy a ensayar con el niño, y si no, lo devuelvo”, como si se tratara de un objeto inerte. También existen ocasiones en las que niños con condiciones especiales son asignados a familias que no están capacitadas para su acompañamiento, y evidentemente los “devuelven”.

No hay tiempo ni recursos para reubicar a los niños en un hogar que tenga en cuenta su personalidad y contexto. Incluso, reitero que hacen falta garantías para estar seguros de que a los niños sí se les da el cuidado óptimo en estos hogares sustitutos; en muchos casos es evidente que las familias sólo los reciben para recibir el subsidio que da el Estado para su manutención. En la Casita, en cambio, el cuidado era reforzado por un grupo de voluntarias que ofrecían su apoyo y acompañamiento en los diferentes procesos. Este era fundamental, pues lo que el ICBF daba mensualmente para la manutención de cada niño era insuficiente, así que los extras de la vida diaria de la casa debían suplirse con donaciones y actividades de filantropía. Como en la mayoría de las entidades del Estado, había muchos funcionarios administrativos, pero el personal para atender directamente a los niños era insuficiente.

Hablando en términos generales del ICBF, más que del personal de la Casita, parece ser que para muchos funcionarios un niño es un número más, y se está más pendiente de la norma que de su bienestar. Para el ICBF, entidad que se denomina “Bienestar”, es paradójica la falta de corazón y sensibilidad; el caso de la Casa de María y el niño es prueba de ello. No se trasciende la normatividad, que es necesaria pero no puede ser la única vía.

Prueba de la falta de corazón es que a los niños de la Casita se les reubicó de afán; el último día fueron llegando por ellos de diferentes fundaciones y familias sustitutas en una jornada que parecía encargarse de entregar números, no niños en proceso de restablecimiento de derechos. Cabe aclarar, incluso, que ni el director del lugar ni los miembros de la Junta Directiva estuvieron ese día para dar la cara, y que fueron las voluntarias, junto con personal de apoyo del lugar, quienes se encargaron de entregarlos.

Por complejo que pudiera ser el proceso, esta gente tenía que estar en primera línea de respuesta ese día, y no estuvo. Sí, tocaron muchas puertas para tratar de evitar que cerraran la Casita, y tomaron medidas como ir hasta Bogotá a hablar con las oficinas centrales del ICBF. Pero el día en que el lugar, los niños y el personal de la Casita más los necesitaban, ni el Director ni la Junta se quedaron para lo más difícil.

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A casi un año del cierre de la Casita, el predio en El Poblado, propiedad del Distrito de Medellín, sigue abandonado. Se rumorea que probablemente lo vendan para construir vivienda, lo que sería mucho más rentable. Pero sería un atentado contra la memoria del lugar y el potencial que tienen sus instalaciones para proteger los derechos de los más vulnerables. La Alcaldía tiene una responsabilidad fundamental de tomar decisiones contundentes para proteger este tipo de espacios, entendiendo que con ellos se protege a la niñez en general y se evita que más niños terminen en la calle o en situaciones de riesgo, como ya ha ocurrido con algunos casos de niños que fueron sacados de la Casita. Pero también depende de nosotros, la ciudadanía, hacer veeduría permanente por la niñez y exigir que se cumplan sus derechos. Sí, las situaciones son muy difíciles, pero menos dejarán de serlo si lo único que hacemos como sociedad es mirar para otro lado, o peor, mirar y quedarnos de brazos cruzados.

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