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Mientras lee este escrito, o lo abandona, a 378 personas las están diagnosticando con cáncer hoy, mañana y el próximo día hábil. Con suerte, el enfermo no es usted o alguno de los suyos. En este instante también, 42.712 hombres y mujeres de este país se están sometiendo a diálisis porque sus riñones ya no les funcionan.
Ahora mismo, al tiempo que usted recibe notificaciones de whatsapp en su teléfono, o siente el murmullo de la televisión o los pájaros, según lo sorprenda esta lectura, les está pasando igual a 4.039 colombianos: ayer se creían sanos y hoy saben que padecen diabetes y que tarde o temprano dependerán de la insulina u otro medicamento, sino es que la información médica les llegó tarde y ya tienen que tomar pastillas de por vida; 91.171, a su vez, integran el grupo de los hipertensos a partir de este momento; mañana y todos los días se les unirá el mismo número, porque se trata de cifras diarias. También les espera tratamiento y control médico de hoy en adelante.*
Esos pacientes, en mayor o menor medida, tienen una doble angustia: la del padecimiento, que en sí mismo les amenaza el futuro a ellos y a sus familias, y la de la incertidumbre sobre si los van a atender en los hospitales y las farmacias, hasta cuándo, quién, y cómo.
Eso es así porque, virtualmente, el 75% del servicio de atención en salud quedó en manos estatales, sin que medie una reforma aprobada en el Congreso y, por ende, un sistema de transición o reemplazo a implementar. Las cuentas salen de sumar los afiliados de las ocho EPS intervenidas por la Superintendencia de Salud (o sea por el Gobierno) más los de Sura y Compensar que pidieron retiro y liquidación voluntaria respectivamente.
Y eso es así por la lectura de una crisis estructural con el lente de la ideología. Esta interpretación indica que el problema de la salud en Colombia es que los dineros públicos destinados a la atención de los pacientes los maneje la empresa privada (EPS), con sus obvios sesgos, de negocio y rentabilidad. Y que la solución de ese problema, del que se derivan obstáculos de acceso para las poblaciones más alejadas, es que los dineros sean custodiados, manejados y distribuidos por el Estado.
Con ese panorama, la crisis financiera de las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) es el resultado de sus malos manejos, sus mañas corruptas y su deficiencia administrativa, y no de un problema de fuentes de financiamiento que resulta de una cobertura universal y sin exclusiones a la que todos los colombianos tienen derecho. Según cifras del Ministerio de Protección Social, en 2022 Colombia llegó a la cobertura universal en salud de la población, con el 99,6% de cobertura, o sea 49,1 millones de ciudadanos.
Que el sistema de salud venga de afrontar una pandemia en el gobierno inmediatamente anterior, con todos los desafíos que tal cosa implicó, que tras el confinamiento la gente se haya volcado al sistema con dolencias por las que no había consultado, que en Colombia la población se esté muriendo más vieja, no explica la crisis financiera del sistema. Y menos, teniendo en cuenta que en 2023 la ADRES les giró 82,2 billones de pesos a las EPS e IPS.
Esto último, lo dicen Petro y sus ministros con signos de admiración. Es decir, indica la lectura, plata, tienen. Eso sí, no comunican que la división simple de la plata girada entre los millones de asegurados, da 1,6 millones de pesos que el sistema puede gastar por año, por persona. Y eso sí se ve poquito.
El problema es que no hay nada menos ideológico que la enfermedad. Ningún problema es más absoluto ni más indiscutible que un diagnóstico maligno. Y en ese punto, lo único que importa es la esperanza de recibir un tratamiento.
Eso lo sabe cualquiera que haya estado conectado a una bolsa de suero con quimioterapia en una sala donde otros diez o veinte más viejos, o más jóvenes; más educados o menos, con menores o mayores ingresos, están sentados en sus sillas reclinomaticas preguntándole al vecino cómo le ha ido con los efectos secundarios, dándole consejos para los síntomas y haciendo la cuenta regresiva de las sesiones pendientes, en total igualdad de condiciones.
La muestra de que la atención inoportuna de la enfermedad moviliza a las personas y borra sus adhesiones políticas, es la ventana al infierno que abrió el cambio de sistema de los maestros, muchos de ellos miembros de Fecode y simpatizantes del gobierno.
Hay voces que vaticinan una crisis generalizada de atención en salud en el país, inminente y pronta. Seguramente provendrá de trasladar 32,7 millones de personas a las diez EPS sobrevivientes, entre las cuales, la que más capacidad tiene, atiende a cuatro millones. O de poner a la ADRES a que sustituya en un par de meses las funciones de administración, información, contratación que tenían las EPS, como pasó a hacerlo la Fiduprevisora con los profesores.
A esta hora no hay una mesa de diálogo convocada para solucionar el hoy, un plan de transición, una nueva propuesta conocida de reforma al sistema de salud. Tampoco hay un planteamiento serio de contrarreforma que haya redactado la oposición, o un abanico de opciones de salida a la crisis qué contraponer.
No hay nada porque porque este estado de cosas los tiene contentos. Petro y oposición son los felices espectadores de un incendio en que sus futuros electores son los que se van a quemar. El primero dirá que tenía razón y que pasó lo que él cantó que iba a pasar: el shu-shu-shu-shu del dominó de las EPS cayendo, porque ahí era donde estaba la bomba.
La segunda está plácida oyendo cómo, sin tener que quemarse las pestañas con ideas creativas de solución, desde la mediocre trinchera del insulto por Twitter, suena el shu-shu-shu-shu de los tropiezos de un gobierno entrampado en el autosabotaje.
Con música y gesto, shu-shu-shu-shu, es como dice y se entona la canción de los cínicos. *Estas cifras provienen de dividir entre 365 datos de víctimas anuales suministrados por el Ministerio de Protección Social u otras entidades. No son exactas porque las fuentes datan de 2021, 2020 0 2019. Y porque hay subregistro.
Otros escritos de esta autora: https://noapto.co/catalina-montoya/
