Las Farc no han pagado un solo día de cárcel, no aportaron verdad, no han reparado a las víctimas, no entregaron los bienes producto de su maquinaria de guerra, tienen curules en el Congreso, esquemas de seguridad, camionetas de alta gama y, aun así, en entrevista reciente, la cúpula guerrillera afirma que el Acuerdo de Paz firmado hace ocho años corre el riesgo de romperse. Es el cinismo propio de los delincuentes, a quienes nunca les interesó la paz. Buscaban simplemente impunidad y un mecanismo de legalización de sus patrimonios, lo que constituyó, tal vez, el proceso más grande de lavado de activos de la historia del país.

El Acuerdo de Paz del Teatro Colón fue una opereta que desde sus inicios generó un profundo rechazo en un amplio sector de la sociedad colombiana. Las mismas Farc fueron culpables del escepticismo y el desprecio. En la memoria colectiva perduran sus burlas a las víctimas, los muchos escándalos vividos a lo largo del proceso, así como la hipocresía de unos señores de la guerra que, tabaco y ron en mano, hablaban de paz mientras mantenían su actividad mafiosa y criminal a lo largo del territorio nacional.

Narcotraficantes como el mexicano Irineo Romero Sánchez, o los hermanos Castillo, por citar sólo un par de ejemplos, quienes negociaban cargamentos de coca con el Cartel de Sinaloa o la Mafia Calabresa, pasaron, de la noche a la mañana, a convertirse en miembros de las Farc y en actores políticos. Por ese entonces dos abogados recorrían las distintas cárceles del país ofreciendo a los capos de la droga carnet de pertenencia a la guerrilla por la módica suma de 5 mil millones de pesos.

Pero más grave aun que el estatus político otorgado a una estructura mafiosa, cuya historia dejó cientos de miles de muertos, desplazados y desaparecidos, fue el surgimiento de dos instituciones contempladas en el Acuerdo: la JEP y la Comisión de la Verdad. Ambas tienen tres cosas en común: su ilegitimidad, pues nacen de un pacto espurio, no refrendado por el constituyente primario; su sesgo político, utilizado como arma contra los detractores del Acuerdo; su corrupción y su burocracia vergonzosa.

La JEP ha demostrado ser un garante de impunidad selectiva, donde los máximos responsables de las peores violaciones a los derechos humanos y los más atroces crímenes en contra de la población civil pueden tener la certeza de seguir viviendo como reyes, mantenidos con la plata de los impuestos de los colombianos. Y ni qué decir de la opacidad en sus procesos y en sus investigaciones, y de la nula información que entregan a la opinión pública. Como si fuera poco, desde el interior de la misma JEP han surgido señalamientos de corrupción y uso indebido de recursos, lo cual no tendría nada de extraordinario en una institución que, sólo en el año 2017, gasto más de 3,7 millones de dólares en su funcionamiento.

Por el lado de la Comisión de la Verdad, el gasto de recursos fue también escandaloso: en el 2021 despilfarró 108 mil millones de pesos, sin que sea claro todavía cómo ni en qué. Lo que sí es claro, en cambio, fue su finalidad, el motivo por el cual la Comisión de la Verdad quedó incorporada en el Acuerdo de Paz. La JEP sólo podía garantizar impunidad si, a su vez, contaba con una narrativa justificatoria en donde los más deleznables actos que pudiera cometer un ser humano aparecieran como el resultado causal de un contexto histórico que los premeditara. Por este motivo su metodología se centró en gran medida en el relato de los victimarios, a través de las versiones libres, sin brindar suficiente espacio a las voces de las víctimas y sus familias, quienes no contaron con mecanismos de participación efectiva en la construcción del informe final, como lo denunciaron en su momento distintas organizaciones.

Así pues, luego de casi una década gozando de la teta del Estado, de la impunidad campante brindada por la JEP y con una narrativa sobre la “verdad” de la guerra indulgente y favorable a las Farc, la cúpula guerrillera pide ahora que se le brinde, en el marco de la “Paz Total” del presidente Petro, un “tribunal de cierre”, que no tendría finalidad distinta al mantenimiento de sus privilegios y la garantía de total impunidad.

Los colombianos no podemos permitir que esto suceda. El Acuerdo con las Farc fue una farsa que sólo trajo a nuestro país una agudización mayor de violencia, el aumento de los cultivos de uso ilícito y una mayor explotación de las rentas ilegales. A los criminales en Colombia, si queremos alcanzar algún día una sociedad en paz, capaz del desarrollo pleno de sus fuerzas productivas, debe quedarles claro que sólo tienen tres caminos: el sometimiento a la justicia, la cárcel o la tumba.

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