¿Cuándo fue la primera vez que probó alguna sustancia psicoactiva? ¿Qué edad tenía? ¿Qué probó?  ¿Por qué lo hizo? ¿Con quién estaba? ¿Generó adicción?

Si ahondáramos en las respuestas que cada habitante de Medellín puede brindar a esas preguntas, podríamos encontrar historias o contextos parecidos, quizá más cotidianos y auténticos a los discursos ofrecidos por estos días. Sin embargo, lo que recibimos sobre el tema son mensajes bien confusos, que tergiversan nuestra propia concepción del territorio, para quién está hecho y cómo habitarlo.

Por un lado, tenemos a Federico Gutiérrez anunciando al unísono con la Policía Nacional que no va a tolerar que se consuman o porten sustancias psicoactivas en el espacio público y, bajo esa mirada, expidió el decreto 0007 de 2024 con una basta parte motiva relacionada con los derechos de la niñez. Por otro, toleramos una oferta turística para extranjeros en la que se incluye todo tipo de sustancias, de los más variados sabores, colores y olores, todo avalado, protegido, impulsado.  

Esa es la escala de valores que estamos siguiendo, una muy acomodada para evitar ver lo que incomoda, una concepción llena de contradicciones que no solo develan la fragilidad de las decisiones sino también para quiénes están concebidas.

No creo que el decreto resuelva de fondo el problema que tiene Medellín relacionado con el narcotráfico y el consumo de sustancias psicoactivas, tampoco que cambie alguna realidad para los niños y las niñas, excepto si una multa por fumarse un porro a menos de cien metros de distancia de uno de los niños Embera, que corren descalzos en su propio abandono por las alucinadas calles del poblado, sea un logro. Por el contrario, creo que es regresivo, criminalizador y abre puertas peligrosas al abuso de poder por parte de la policía.

Insistir en la guerra contra las drogas es un fracaso rotundo y debe dejar de ser el bastión de las administraciones de la ciudad. Un buen punto de partida sería que se desprendieran de la imagen estereotípica y falaz del bazuquero que perdió sus sueños por la droga para posicionar una campaña generalizante y amañada. Aceptar que lo mejor que puede hacer el estado por sus administrados es generar una buena política pública integral; capaz de educar en riesgos y apostarle a la prevención de manera comprometida; acercarse a las dinámicas de los jóvenes; entender que detrás del consumo siempre hay una historia, una razón, problemas estructurales mucho más difíciles de resolver y encarar como sociedad, pero de donde pueden derivarse acciones mucho más efectivas para evitar que los niños, niñas y adolescentes caigan en el consumo de sustancias psicoactivas.

Por el momento la administración de Medellín seguirá sin echarle cabeza al asunto y utilizando la salida más fácil: multar sin prevenir.

Otros escritos de esta autora: https://noapto.co/sara-jaramillo/