El año pasado se puso de moda, eso sí, en el ámbito de la muy reducida élite intelectual del país, esta frase atribuida al economista británico John Maynard Keynes: En el largo plazo todos estaremos muertos.
Recuerdo que, durante los primeros meses de la pandemia, la incertidumbre era inconmensurable, casi tanto como el silencio en las calles que, paradójicamente, contrastaba con el ruido en las casas y en el mundo digital. La frase de Keynes bien podría tener un significado literal por esos días. Le escuché a alguien decir que era el fin del capitalismo y no estoy muy seguro de si fue la misma persona que me dijo cada semestre, durante mis tiempos de estudiante en la Nacional, que a la Universidad la privatizaban al otro día. Se me parecieron mucho.
Pocos tomadores de decisión, o tal vez ninguno, estaban preparados para enfrentar una situación como esas, salvo un puñado de epidemiólogos y salubristas públicos, entre quienes, aún hoy, siguen existiendo diferencias sobre la manera como se debe enfrentar el virus. En el fondo continúa siendo un debate moral que nos remite al dilema del mal menor, ¿cómo alargar lo que más se pueda ese largo plazo al que acudiremos todos tarde o temprano?
Aun así, creo que la decisión de las cuarentenas debe ser evaluada de una manera rigurosa y objetiva. No para juzgar a los que toman la decisión, sino para saber si realmente sirvieron, aprender y tener un poco más claro cómo proceder frente a la siguiente pandemia. Hago parte de un muy pequeño grupo que cree que haber reemplazado la pedagogía por el garrote de las cuarentenas mal aplicadas pudo traer unas consecuencias mucho más letales que las que se pretendían evitar.
Durante esos primeros meses, tuvieron que aprobarse Planes de Desarrollo, pero había un problema: las cuarentenas generaron una tremenda contracción de la economía formal e informal; se redujeron los ingresos fiscales y por esa vía también las posibilidades de inversión. ¿Cómo salir de esa situación? ¿Cuál debía ser la política económica y fiscal para sacar a la sociedad de la crisis inducida por las cuarentenas? Para entonces Keynes estaba en furor, especialmente entre los secretarios de hacienda.
En Bogotá, la alcaldía le solicitó al Concejo la aprobación de un cupo de endeudamiento por $10.8 billones, argumentando la necesidad de recursos para financiar los gastos de su Plan de Desarrollo. “Cubrir el hueco fiscal” le llamaron. Aunque los cupos de endeudamiento son globales y no tienen una destinación específica, la administración compartió un listado de 166 proyectos entre los cuales se incluyeron desde grandes proyectos de infraestructura hasta la compra de licuadoras y elementos de cocina.
En total, el cupo de endeudamiento aprobado a la Alcaldía de Bogotá correspondió a un poco más del 10% del total del Plan de Desarrollo. En Barranquilla el cupo de endeudamiento fue equivalente al 8% del Plan, mientras que en Cali fue el 3,6%. En últimas, Bogotá fue la ciudad en la que se aprobó el cupo más alto, no sólo en términos nominales sino también en proporción a su presupuesto.
Hace un año cuestioné el monto del cupo. Consideré que era demasiado alto y que no todo el gasto que se pretendía financiar contaba con una justificación suficientemente sólida. El Concejo debió aprobar un cupo más pequeño, esperar a cómo iba a reaccionar la economía y hacer un verdadero esfuerzo por hacer más eficiente el gasto. El tamaño del hueco también se debía al tamaño de este.
Sin embargo, parte de los recursos del Distrito fueron a parar a cosas como las vallas que anunciaban la llegada de la segunda línea de Metro, cuando no se había puesto ni siquiera la primera piedra de la primera línea, a pintar de colores los puentes o incluso a comprar un futbolín y una mesa de ping-pong, entre otros, para la Secretaría de Movilidad.
Incluso, la administración terminó tapando parte del hueco de Transmilenio con recursos del crédito. Si me permiten un ejemplo explicativo, es como si una persona pagara los pasajes de bus de tres o cuatro meses con la tarjeta de Codensa y lo difiriera a 12 años.
Vale la pena preguntarse hasta qué punto una parte del gasto de la Alcaldía de Bogotá ha sido irresponsable, sobre todo si tenemos en cuenta que un 10% lo estamos financiando con recursos del crédito que tendremos que pagar durante los próximos 12 años. La Administración de Claudia López no se apretó el cinturón y por el contrario les transfirió el problema a sus sucesores, especialmente al próximo alcalde. Dicho de otra manera, financió una parte de los gastos del presente con recursos del futuro. ¿En qué? ¿Y si no estamos muertos en el largo plazo?
Con las reglas actuales, Bogotá tendrá serias dificultades para realizar grandes obras de infraestructura durante los próximos 12 años. Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo, presentado por la Alcaldía hace unas semanas, Claudia López dejará el indicador de sostenibilidad de la deuda en un 85%, y durante el primer año de su sucesor el indicador se ubicaría en un 87,5%. Este mismo volvería a valores similares a los de la pre pandemia hasta después del 2032.
Lo curioso es que en el POT propuesto por la actual alcaldesa, ante el Concejo de Bogotá, se incluyen, entre otros, proyectos como las 5 líneas de metro y 17 troncales de Transmilenio con otro nombre, como hizo con la carrera séptima, para disimular el engaño a sus electores. ¿Cómo vamos a hacer en Bogotá para financiar estas obras, independientemente de la pelea por el nombre o por la foto? ¿Qué herramientas les quedan a los próximos dos o tres alcaldes?
En el largo plazo Claudia López no será alcaldesa ¿y la ciudad?
