Este lunes, el Congreso de la República deberá fijar el monto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, en medio de un ambiente difuso, enrarecido y lleno de contradicciones. No se trata de una discusión contable reservada para técnicos: en esas cifras está la primera definición real de las prioridades del nuevo Gobierno.
La propuesta asciende a 634,9 billones de pesos: 59,3 billones más que el proyecto presentado por la administración anterior y cerca de 88 billones por encima del presupuesto vigente. Al mismo tiempo, el servicio de la deuda llegaría a 155,4 billones, mientras la inversión sería de 87 billones. Son números difíciles de conciliar con la promesa electoral de austeridad, reducción del tamaño del Estado y disciplina fiscal.
El Gobierno bautizó su propuesta como el “Presupuesto de la Verdad”. Afirma que el aumento no corresponde a un súbito entusiasmo por gastar, sino al reconocimiento de obligaciones que el gobierno anterior habría dejado desfinanciadas: pensiones, salud, universidades, salarios públicos y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. A ello se suman la reconstrucción tras el terremoto y la preparación para un fenómeno de El Niño que amenaza la producción agrícola y el abastecimiento energético.
Es verdad que ningún gobierno empieza sobre una hoja en blanco. Las deudas, los contratos, las rigideces presupuestales y las crisis no desaparecen porque cambie el ocupante de la Casa de Nariño. Pero heredar problemas no exonera de explicar las soluciones. Mucho menos cuando una parte significativa del nuevo presupuesto dependerá de mayor endeudamiento y el país ya enfrenta un déficit elevado, un crecimiento débil y unos intereses cada vez más costosos.
Mi parte favorita cuando un político de corte populista llega al poder es cuando empieza a estrellarse con la realidad y recibe el castigo de gobernar. El castigo de enfrentar la complejidad de aquello que en campaña parecía simple. El castigo de asumir sus propias contradicciones. El castigo de ver cómo se disipa el furor electoral y las promesas grandilocuentes se convierten en decisiones incómodas, costos concretos y explicaciones pendientes.
Gobernar es descubrir que los problemas públicos no obedecen a las consignas. Que reducir el gasto no consiste en tachar una cifra; implica decidir qué programa se recorta, qué obra se aplaza, qué subsidio se desmonta o qué ciudadano soporta el ajuste. También es entender que aumentar el presupuesto no crea recursos por arte de magia: alguien deberá pagar la cuenta mediante impuestos, deuda, inflación o menor gasto futuro.
Ahí está la contradicción que el nuevo Gobierno debe resolver. Durante la campaña, la austeridad fue presentada como una cuestión de voluntad: bastaba acabar el despilfarro, disminuir la burocracia y administrar con “firmeza”. Ya en el poder, la respuesta ha sido presentar el presupuesto más alto de la historia. Puede haber razones legítimas para hacerlo, pero la legitimidad no nace de cambiarle el nombre al gasto. Nace de mostrar, rubro por rubro, qué se financiará, por qué es indispensable, qué resultados producirá y cómo se pagará sin hipotecar al país entero.
El riesgo es caer en dos tentaciones conocidas. La primera es atribuir cada dificultad a la herencia recibida. La segunda, utilizar las emergencias como salvoconducto para gastar sin controles suficientes. La administración anterior debe responder por sus errores, pero después de cierto punto el retrovisor deja de ser una explicación y se vuelve una coartada.
El Congreso tampoco puede limitarse a aprobar una cifra negociada entre partidos. Su responsabilidad es exigir un presupuesto creíble, financiable y verificable. Debe preguntar cuánto del aumento atiende obligaciones inevitables, cuánto responde a la emergencia, cuánto alimenta nueva burocracia y qué metas permitirán evaluar su ejecución. Aprobar primero para averiguar después sería repetir la misma irresponsabilidad fiscal que hoy se denuncia.
El presupuesto es apenas una de las primeras pruebas del Gobierno, pero quizá sea la más reveladora. Allí termina la campaña y comienza la administración; allí las palabras se convierten en pesos y las promesas encuentran límites. El castigo de gobernar no consiste en recibir críticas. Consiste en comprobar que la realidad no admite discursos sin cuentas claras.
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