Una mala política pública puede sobrevivir durante años. Una buena investigación, en cambio, puede morir olvidada en una revista indexada.
Los académicos investigan la pobreza mientras los gobiernos diseñan políticas sociales; estudian la violencia mientras se elaboran estrategias de seguridad; analizan las ciudades mientras se toman decisiones sobre vivienda, movilidad y ordenamiento territorial; evalúan enfermedades mientras se distribuyen recursos para la salud. Tenemos, entonces, sociedades que desde la academia producen conocimiento sobre sus problemas y estados que necesitan conocimiento para resolverlos.
Un estudio publicado en 2026 en ‘Journal of Informetrics’ analizó 80.650 documentos de política pública estadounidenses que citaban 295.428 publicaciones académicas. Más del 70% de la investigación citada provenía de universidades. El dato demuestra que las universidades constituyen una reserva extraordinaria de conocimiento potencialmente útil para gobernar mejor.
Investigadores universitarios participan en comisiones, construyen indicadores, evalúan programas, asesoran entidades públicas, forman funcionarios y producen diagnósticos que terminan alimentando decisiones públicas. El problema es que esa incidencia suele ser desigual y difícil de rastrear. Entre producir conocimiento y lograr que éste sea considerado cuando una sociedad decide qué hacer con sus problemas, por medio de las políticas públicas, todavía existe una distancia considerable.
Max Weber planteó hace más de un siglo una tensión que sigue vigente. En los textos reunidos en español bajo el título ‘El político y el científico’, distinguió entre lo que puede hacer quien produce conocimiento y lo que corresponde a quien ejerce el poder. En ‘La ciencia como vocación’ sostuvo que la ciencia puede ayudarnos a comprender hechos, medios y consecuencias, pero no resolver por nosotros los conflictos de valores. Y en ‘La política como vocación’ recordó que quien gobierna no responde solamente por sus convicciones, sino también por las consecuencias previsibles de sus decisiones.
Pero tampoco basta para el académico con publicar y esperar que algún político encuentre el artículo adecuado. Nathan Caplan describió en 1979 a investigadores y decisores como “dos comunidades”, separadas por lenguajes, tiempos e incentivos diferentes. Investigaciones académicas y políticas públicas posteriores han mostrado que la frontera no es tan rígida, pero el problema permanece: la incidencia de la investigación en las políticas públicas requiere relaciones, intermediarios, confianza y capacidades institucionales para traducir conocimiento en decisiones.
Investigar los problemas de una sociedad es una función académica. Conseguir que ese conocimiento ayude a esa sociedad a decidir mejor qué hacer con ellos es una función democrática.
Otros escritos de este autor: https://noapto.co/juan-felipe-suescun/
