Esta semana conversaba con una amiga sobre los resultados de la JEP y sobre si era conveniente extender o no el mandato de esta jurisdicción. Aunque en esta columna me reservaré mi opinión sobre el tribunal, sí quiero detenerme en un aspecto que siempre ha llamado particularmente mi atención de quienes aún lo defienden.
Cada vez que discuto sobre la utilidad de la JEP con amigos o familiares que continúan respaldándola —y digo «continúan» porque, en otro tiempo, yo también lo hice— me encuentro con un discurso que me resulta profundamente llamativo: la idea de que los llamados «firmantes del Acuerdo», expresión que para mí no es otra cosa que un eufemismo para referirse a exguerrilleros responsables de algunos de los crímenes más atroces que ha conocido este país, son personas auténtica y genuinamente comprometidas con la paz.
Hoy, cuando el gobierno de Abelardo de la Espriella parece haber reabierto el debate sobre la utilidad de este tribunal, considero que también es oportuno revisar las narrativas que se han construido en torno a él. Particularmente aquellas que, durante el gobierno nacional que llegará a su ocaso el próximo 7 de agosto, se han promovido con insistencia para presentar a quienes integraron las antiguas guerrillas como las FARC o el M-19 como actores plenamente comprometidos con la consolidación de la paz en Colombia.
Quisiera empezar diciendo que este discurso me genera un profundo ruido por una razón que, a mi juicio, resulta elemental: quien está auténticamente comprometido con la paz jamás habría decidido alzarse en armas contra sus propios compatriotas, ni habría cometido delitos y violaciones a los derechos humanos proscritos por el derecho internacional y por los tratados que protegen la dignidad de las personas.
Quien verdaderamente cree en la paz jamás pondría en riesgo la vida y el futuro de los niños, reclutándolos de manera forzada, entrenándolos para la guerra y convirtiéndolos, en contra de su voluntad, en víctimas de abusos y violencia sexual perpetrados por miembros de las propias estructuras guerrilleras.
Por eso me resulta tan difícil aceptar que hoy antiguos integrantes de las extintas FARC pretendan presentarse como defensores de los derechos humanos o como referentes morales en materia de paz. Del mismo modo, me llama la atención que dirigentes políticos que han construido toda su carrera pública bajo la bandera de la defensa de las víctimas posen con ellos, reciban su respaldo político o normalicen esas alianzas sin que ello suscite mayores cuestionamientos.
No se trata de negar que toda sociedad tenga el deber de ofrecer caminos para la reincorporación de quienes abandonan las armas. Ese es, precisamente, uno de los propósitos de cualquier proceso de paz serio. Pero una cosa es facilitar la reintegración y otra muy distinta construir un relato que convierta a quienes durante décadas sembraron el terror en referentes morales de la paz o de la defensa de los derechos humanos.
La paz no puede edificarse sobre el olvido selectivo ni sobre la resignificación interesada del pasado. Una paz auténtica exige verdad, justicia, reparación y, sobre todo, la capacidad de llamar las cosas por su nombre. Solo así podremos honrar a las víctimas y evitar que las nuevas generaciones confundan a los victimarios con quienes dedicaron su vida a defender la democracia y la libertad. Si de verdad aspiramos a construir un país reconciliado, el primer paso debe ser preservar la memoria con honestidad, porque sin memoria no hay justicia, y sin justicia real la paz termina siendo apenas un discurso.
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