Cuando dos vecinos discuten por un lindero, por una deuda entre compadres o por el ruido de una fiesta, no siempre acuden a un juez. En el campo, muchas veces ni siquiera pueden: el despacho más cercano queda a horas de camino y el conflicto no espera. En la ciudad, el problema es distinto, pero el resultado es el mismo: en un barrio, criminales no solo cobran vacuna por protección, sino que también cobran por mediar en un trasteo, resolver una pelea entre vecinos o saldar una deuda que nadie más está dispuesto a cobrar. Rural o urbano, alguien más termina resolviendo esa disputa. Con frecuencia, ese alguien es un grupo armado o delictivo.
Ese hecho suele leerse como un síntoma menor de la falta de Estado, casi anecdótico frente a las cifras de homicidios o de extorsión. No lo es. La resolución de conflictos cotidianos —linderos, herencias, acuerdos verbales, desacuerdos entre vecinos— es una de las funciones más antiguas y menos visibles de cualquier autoridad legítima. Un Estado que no arbitra esas disputas ordinarias cede esa función a quien esté dispuesto a ejercerla. Y quien arbitra, tarde o temprano, gobierna, aunque no vista uniforme ni aparezca en ningún mapa de control territorial.
La justicia formal no pierde ese terreno solo por la distancia. En el campo lo pierde porque fue diseñada para litigios urbanos, con lógicas, tiempos y exigencias probatorias que no encajan con la vida rural: la posesión que nunca se tituló, el acuerdo que solo existe de palabra, la costumbre que resuelve lo que ningún documento certifica. En la ciudad lo pierde por otra vía: juzgados congestionados, procesos que tardan años y una economía informal —el préstamo gota a gota, el negocio sin registro, el arriendo sin contrato— que no tiene dónde acudir cuando algo se rompe. Cuando el sistema formal no está disponible ni en el tiempo ni en el lenguaje que la gente necesita, la comunidad busca a quien sí lo esté. Y esa alternativa, con demasiada frecuencia, impone su arbitraje por la fuerza y factura por ello.
Por eso, la justicia cotidiana debería pensarse como una estrategia de seguridad, no como un asunto exclusivamente judicial: fortalecer jueces itinerantes, sistemas locales de justicia, casas de justicia y conciliadores en equidad no es solo ampliar la cobertura; es disputarle al crimen organizado una función que hoy ejerce sin competencia. Es la forma más concreta de hacer presente al Estado en el día a día de un ciudadano, mucho antes de que ese día a día se convierta en un problema de orden público.
La convivencia no se recupera con presencia militar ni con nuevas normas sobre el papel. Se recupera con la certeza cotidiana de que hay alguien —no necesariamente armado— a quien acudir cuando algo se rompe entre vecinos. Esa certeza, hoy, sigue siendo demasiado escasa, tanto en el campo como en la ciudad.
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