Se cumplen diez años de la firma del acuerdo con las Farc y el balance no es cómodo. Hubo incumplimientos, las disidencias volvieron a ocupar territorios que el Estado nunca terminó de copar, y la implementación fue torpe en dos gobiernos de signo opuesto. Uno de derecha, que objetó la ley estatutaria de la JEP y aplicó el acuerdo a regañadientes. Otro de izquierda, que lo levantó como bandera y luego dispersó esfuerzos en una «paz total» con más anuncios que resultados. Cada uno culpó al anterior mientras el acuerdo esperaba.
Escribo desde una posición incómoda. Varias veces me he preguntado cómo habría votado el plebiscito, y admito que la duda de si habría votado No me parece razonable. No por sabotear la paz, sino porque el proceso quedó chueco desde el principio en asuntos de legitimidad. Ganó el No, el acuerdo se renegoció en pocas semanas, se refrendó en el Congreso y a muchos colombianos nos quedó la sensación de que nuestro voto había sido un trámite. También me cuesta aceptar que excomandantes hayan ocupado curules mientras las víctimas seguían esperando. Esa herida no cerró, y explica buena parte de la desconfianza que todavía rodea a la JEP.
Pero un origen discutible no vuelve ilegítimo lo que se ha hecho después. La Corte Constitucional avaló el diseño, y hoy hay más de 13.000 víctimas acreditadas participando en los procesos. Tampoco borra los resultados, y hay que mirarlos.
Existen sanciones propias en firme: Timochenko y seis excomandantes recibieron entre cinco y ocho años por secuestro, con trabajos reparadores, restricciones de movimiento y monitoreo electrónico. Doce militares del Batallón La Popa fueron sentenciados por falsos positivos, con 135 víctimas, y dos mayores generales retirados reconocieron su responsabilidad. La JEP elevó la cifra de ejecuciones extrajudiciales de 6.402 a 7.837, y el 92 % de los máximos responsables imputados aceptó su participación. Van 296 entregas dignas de personas desaparecidas. Un mismo tribunal juzga a guerrilleros, militares y civiles.
Se dirá que es lento, y lo es: su propio presidente lo admitió. Pero ocho años y medio frente a un conflicto de más de cincuenta, con guerrillas, paramilitares, Fuerza Pública, narcotráfico y financiadores civiles, no es un fracaso. El tribunal de la antigua Yugoslavia tardó 24 años en dictar 90 sentencias; el de Ruanda, 21 años para 62 condenas. En Argentina, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida frenaron los juicios por casi dos décadas. Y la JEP tiene 15 años de vigencia: va por poco más de la mitad.
Por eso me parece grave lo que hoy se propone. Quitarle $100.000 millones, el 62 % de su rubro de bienes y servicios, y someter sus decisiones sobre militares a la justicia penal militar no es una corrección. Es una asfixia. Sin recursos se caen las audiencias, los arriendos y el sistema de protección de víctimas y testigos, justo cuando el tribunal avanza sobre los altos mandos. La austeridad es legítima, y gastos discutibles como el contrato de teatro se auditan. Pero sanear no es cortar a ciegas.
Con sus errores, hoy defiendo la existencia de la JEP. Puede y debe ir más rápido, imponer sanciones que la sociedad sienta suficientes y rendir cuentas de cada peso. Pero desfinanciarla es herirla de muerte, y con ella la verdad que miles de familias todavía esperan. Sería fallarle a la historia y a la memoria de las víctimas, y repetir el vicio colombiano de abandonar a mitad de camino lo que tanto costó empezar.
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