Revuelo e indignación en varios sectores han causado las presiones, el veto y la censura del presidente Abelardo de la Espriella (ADLE) y su gobierno a algunos medios de comunicación, periodistas, dirigentes y gremios empresariales por casos suficientemente ilustrados en los propios medios y en las redes sociales. En otros medios y ámbitos ha habido un silencio cómplice frente a estas mordazas a la libertad de expresión y de empresa, que, paradójicamente, tanto dicen defender nuestros “grandes” empresarios.
Nada nuevo ni extraño en Colombia: la mayoría de presidentes han hecho lo propio durante sus mandatos. No quiero minimizar con esto el caso de ADLE ni ponerlo a la misma altura de todos los expresidentes. Al contrario, considero que la cantidad de medidas autoritarias y antidemocráticas no tiene precedentes en el primer mes de gobierno de mandatario alguno en la historia reciente de nuestro país. La intolerancia a la crítica, a la oposición y a los contrapesos –aunque parece consustancial a estos cargos– también debe tener sus límites. Pero ¿quién se los debe poner?
Este es el punto al que quería llegar, porque como suele suceder en este país con casi todos los temas de fondo, nos quedamos en la superficie. Hacemos análisis y diagnósticos erráticos, sobre los síntomas y sobre lo obvio, y, consecuentemente, proponemos soluciones igualmente equívocas.
En efecto, desde tribunas “independientes” se exhorta al llamado “cuarto poder” –en alusión a los medios de comunicación masivos, a la gran prensa– a hacerle contrapeso al poder ejecutivo encabezado por ADLE.
Sin eximir a los periodistas y líderes de opinión de su responsabilidad y ética periodística, ¿por qué no se les exige tanto o más a los dueños de los medios en casos como los de Ana Cristina Restrepo, Camila Zuluaga, Vladdo? Más aún, ¿por qué en el caso del “desnombramiento” de Carolina Soto en la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) se critica más a ADLE que al propio gremio o al Consejo Gremial, que pasó de agache frente al caso? El mismo consejo que se negó a reunirse con Cepeda en campaña.
Podemos hacer muchas más preguntas en torno a este tema y la respuesta casi única, transversal y de fondo es que en este país los grandes empresarios se creen intocables. Nunca se meten en la ecuación de nuestros conflictos como parte de nuestros problemas sino como solución y para lo que les conviene. Lo inquietante no es lo que ellos se crean, sino que el país se los conceda.
Petro también presionaba a medios, periodistas y gremios: ¿cuántos le hicieron caso? Casi ninguno, por fortuna en muchas ocasiones. Y a ADLE tampoco es que le obedezcan. Él no ha despedido ni “desnombrado” a nadie del sector privado: lo han hecho los dueños de los medios y las juntas de los gremios. Él puede proponer y presionar, pero son los empresarios los que disponen y deciden.
El asunto no es relacional sino transaccional, tanto en el caso de la CCI como de los medios. No fue que cedieron ante ADLE: están negociando, implícitamente, con él. Pagando por adelantado favores, que luego, como verán, le cobrarán; si no es que ya les pagaron y no sabemos todavía. Carolina Soto y los periodistas despedidos no han sido más que monedas de cambio en ese negocio de “socios”. Ya lo vivimos, entre muchos ejemplos, con Andrés Pastrana y el grupo Santo Domingo empezando el siglo.
Nuestros empresarios son –y muchos lo dicen– gobiernistas. Si a Petro no le caminaron fue porque no se pusieron de acuerdo en los términos de los negocios. No fue, de ninguna de las partes, ni por ética, ni por la democracia ni por la institucionalidad. Fue porque tenían intereses diferentes.
De modo que si los medios son el cuarto poder, los grandes empresarios –independientes o agremiados– son el quinto y principal poder en este país. En una entrevista en Blu Radio, Claudia López recordó que una vez Gabriel Gilinski le dijo “Bajarle la popularidad a un político son tres portadas, tres encuestas y hasta luego”. O, más simple todavía: poner a Vicky Dávila –que cambia de posición política como de ropa– a repetir una mentira mil veces hasta que se convierta en “verdad”, como suele hacerlo en ese medio de propaganda y desinformación que es ahora Semana o en sus cuentas personales en redes sociales. Los empresarios tienen claro quién manda a quién.
De manera que bajémosle las expectativas al poder de los medios, que los medios son eso, medios. Un sofisma de distracción para lograr unos fines, ¿de quién? De sus propietarios: los Gilinski, los Ardila, los Santo Domingo, los Sarmiento, los Char, entre otros, que son el poder más determinante de este país. A este tipo de empresarios y a sus alfiles en las instancias de poder son a los que hay que ponerles la lupa encima.
Son ellos los que quitan y ponen en este país, como sucede en todos los países capitalistas, donde las libertades son básicamente para el capital –léase sus dueños– antes que para los ciudadanos en general. Tienen el poder para parar los abusos de un gobierno, como lo hicieron con Petro, pero también para llevar al país al lado contrario del despeñadero, como lo hicieron con Uribe, promoviendo y apoyando su espuria reelección o haciendo contrarreformas rurales a sangre y fuego. Me temo que empiezan a repetir esta historia.
Los primeros que deberían tomar nota de eso son ADLE y sus secuaces. En este momento están de luna de miel en un matrimonio por conveniencia con ese quinto poder, tratando de sacar el mejor provecho el uno del otro. El problema es que este tipo de relaciones –que son más bien transacciones– es el juego del idiota útil en donde cuando uno deja de ser lo segundo lo echan por lo primero. Adivinen quién va a ganar. Uribe y Paloma los pueden orientar.
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