Hace unos días, una mujer contó a través de su cuenta de Facebook cómo, junto con un grupo de compañeras, habrían sido acosadas sexualmente por un sujeto en las inmediaciones del parque nacional en Bogotá. Eran las 2:00 p.m. Las mujeres informaron sobre la situación a un par de efectivos de la policía que patrullaban la zona, quienes procedieron a perseguir al acosador hasta detenerlo. Hasta aquí, la historia parecería dar cuenta de un procedimiento efectivo de reacción de la policía, sin embargo, lo que siguió a continuación es el ejemplo claro de lo que les sucede a las víctimas de delitos en Bogotá.

Tan pronto fue detenido por la policía, el acosador manifestó ser sordo y se identificó como trabajador de la Alcaldía Local de Usme. Los policías no le dieron mayor importancia al suceso. Es más, uno ellos, a pesar de ser mujer les habría dicho a las víctimas «pero solo hizo eso, no les hizo nada». Al rato llegaron otros dos policías en moto y estos al parecer sí le dieron importancia al caso y les dijeron a las víctimas que debían poner la denuncia por “injuria por vía de hecho”. Mientras sucedía todo esto, la mamá del acosador llegó al sitio y desestimó las denuncias del grupo de mujeres.

Para continuar con el procedimiento, todas las personas involucradas fueron trasladadas al CAI de la U. Tadeo Lozano, a unos 4 kilómetros de distancia. Una vez en el lugar comenzaron las trabas a la denuncia. Eran las 3:00 p.m. La policía manifestó que no era posible tramitar la denuncia porque no se contaba con la presencia de un intérprete que le comunicara sus derechos al acosador y que muy probablemente el sujeto era “inimputable” por lo que tendrían que soltarlo.

En este contexto, el grupo de mujeres decidió buscar ayuda. Según el relato tuvieron que consultar a una abogada, familiar de una de ellas, y al mismo tiempo buscar a alguien que prestara el servicio de intérprete de señas que finalmente lograron localizar en la sede de la U. Pedagógica de la Calle 72, a unos 7 kilómetros de distancia. Mientras llegaba el intérprete, hubo un relevo de los policías que atendían el caso y cuando llegó le exigieron un certificado con el que no contaba. Ya eran las 7:00 p.m.

Ante la imposibilidad de adelantar el procedimiento, la misma policía les sugirió al grupo de mujeres que se dirigieran a una URI (Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía) para poner la denuncia y que mientras tanto le impondrían un comparendo al sujeto por exhibicionismo y lo enviarían a un Centro de Traslado por Protección (antes UPJ). Eran las 8:30 p.m. Las mujeres, cansadas y frustradas, decidieron retirarse del CAI. Horas más tarde una de ellas regresó con un familiar policía y le informaron que habían dejado en libertad al sujeto.

Este es tan solo uno entre miles de casos que suceden en Bogotá en los que el desenlace es la más absoluta impunidad. Las víctimas de delitos en Bogotá están solas. Cuando tocan las puertas de las autoridades para denunciar tienen que enfrentarse al engorroso aparataje burocrático que en muchos casos solo conduce al desistimiento. Es bien sabido que, en casos de delitos sexuales, muchas veces las denuncias son subestimadas por la misma policía que les resta gravedad a los incidentes. También sucede en casos de hurtos, en los que muchas veces la policía les indica a las víctimas que es mejor “dejar así”. ¿debe seguir siendo la policía el primer respondiente en estos casos?

Por otra parte, hay un ausente en este y casi que en todos los relatos de las víctimas: la alcaldía. ¿no debería ser la alcaldía la que brinde asesoría legal a las víctimas y no un familiar? ¿no debería brindar la alcaldía un acompañamiento a las víctimas de delitos de alto impacto? ¿no debería la alcaldía evitar que las víctimas tengan que trasladarse de un lugar a otro y perder todo el día para tratar de interponer una denuncia? ¿no debería evitar la alcaldía que las víctimas terminen mezcladas con los victimarios durante el proceso para evitar el incremento de la vulnerabilidad y la probabilidad de revictimización?

Al revisar los comentarios del post encontré que la Secretaría de la Mujer de Bogotá se puso en contacto un par de días después con la persona que compartió el relato. Es cierto que las víctimas habrían podido llamar a la ‘Línea púrpura’ para recibir orientación. Sin embargo, al parecer, ni siquiera la policía sabía de esta posibilidad y las quejas sobre las demoras y en la atención de esta línea son cada vez más frecuentes como lo denunció W Radio el pasado 15 de agosto.

En suma, la policía no es necesariamente un buen primer respondiente y cuando se trata de atender a las víctimas de delitos, la alcaldía no aparece. Su ausencia se siente en las calles y mucho más cuando el ciudadano se ve en la penosa obligación de someterse al desgastante laberinto burocrático del Estado colombiano. Ese es tal vez uno de los lunares más visibles de esta administración: Una Bogotá cuidadora, pero ausente.

Otros escritos de este autor: https://noapto.co/miguel-silva/