“Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado”.
Mateo 28:19-20
Todo aquel que se considere católico sabe que la fe que profesa tiene, por definición, una vocación pastoral y misionera. En consecuencia, está llamado a compartirla con tantas personas como le sea posible, de acuerdo con sus capacidades y circunstancias. Durante los últimos días, las manifestaciones públicas de fe han sido objeto de una polémica que, a mi juicio, resulta injustificada y que ha sido promovida, principalmente, por algunos detractores del actual presidente.
Es claro que Colombia se estructura constitucionalmente como un Estado laico, lo cual considero razonable: nadie debería ser perseguido ni discriminado por profesar una religión, cambiar de credo o no adoptar ninguno. Sin embargo, la laicidad del Estado no implica que este deba ser antirreligioso. Las instituciones públicas deben conservar su neutralidad frente a las distintas confesiones, pero esa obligación no exige que los servidores públicos renuncien a sus convicciones personales ni que oculten toda manifestación de fe.
Los cristianos conocemos, por experiencia histórica, lo que significa ser perseguidos por nuestras creencias. Desde las persecuciones del Imperio romano contra las primeras comunidades cristianas hasta los crímenes cometidos en años recientes por el autodenominado Estado Islámico, la historia ofrece numerosos ejemplos de violencia, exclusión y muerte motivadas por la intolerancia religiosa. Precisamente por ello, quienes profesamos la fe católica somos especialmente sensibles ante cualquier intento de restringir la libertad de conciencia, no solo la nuestra, sino también la de quienes practican otras religiones o deciden no profesar ninguna.
Ahora bien, defender el derecho de un servidor público a manifestar su fe no significa aceptar que las decisiones del Estado puedan justificarse exclusivamente en convicciones religiosas. Esta distinción es fundamental. El debate público exige argumentos racionales, técnicos y sustentados en evidencia, especialmente cuando se discuten decisiones que afectan los derechos y las libertades de toda la ciudadanía. Utilizar un dogma religioso como justificación suficiente de una decisión estatal es tan contrario al carácter laico del Estado como prohibirles a quienes ejercen funciones públicas que manifiesten sus creencias por el solo hecho de ocupar un cargo. En el primer caso, se impone una fe desde el poder; en el segundo, se castiga a una persona por profesarla. Ninguno de los dos extremos es compatible con una sociedad pluralista.
La laicidad no demanda funcionarios sin convicciones, sino instituciones que no privilegien ni persigan ninguna de ellas. Tampoco exige expulsar la religión del espacio público, sino garantizar que ninguna confesión se apropie del Estado y que todas las personas puedan participar en la vida democrática en condiciones de igualdad. El límite no debe trazarse sobre la identidad religiosa del servidor público, sino sobre el ejercicio de sus competencias: puede expresar su fe como ciudadano, pero debe justificar sus decisiones como autoridad mediante razones que puedan ser comprendidas, debatidas y controvertidas por todos.
Pedirles a quienes se reconocen como católicos que se abstengan de expresar públicamente sus creencias desconoce la dimensión misionera propia de su fe y puede convertirse —aunque incomode a quienes hoy censuran estas expresiones— en una forma de intolerancia religiosa. No toda manifestación de fe constituye, de manera necesaria, una vulneración del carácter laico del Estado.
Ser servidor público no es, bajo ninguna consideración, incompatible con profesar o manifestar una fe, cualquiera que sea el credo, siempre que ello no comprometa la imparcialidad institucional, no imponga creencias a terceros ni vulnere sus derechos. Los católicos, en particular, estamos llamados a vivir y expresar nuestras convicciones con firmeza y orgullo, pero también con respeto por la libertad religiosa y de conciencia de los demás. Esa convivencia, y no el silenciamiento de la fe, es la verdadera consecuencia de un Estado laico.
Por estos motivos, las expresiones públicas de fe del presidente no son, por sí mismas, incompatibles con el carácter laico del Estado colombiano. Lo serán únicamente si sus convicciones religiosas sustituyen la Constitución, la ley, la evidencia o las razones políticas y técnicas que deben fundamentar las decisiones adoptadas en ejercicio de su cargo. Mientras ese límite sea respetado, manifestar públicamente su fe no constituye una afrenta contra la laicidad, sino el ejercicio legítimo de su libertad religiosa y el cumplimiento del deber que, como católico, reconoce de profesar y compartir sus creencias. Defender esa libertad, incluso cuando quien la ejerce es un adversario político, es una verdadera prueba de coherencia democrática.
VIVA CRISTO REY
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