Un presidente colombiano nunca había pronunciado su discurso de posesión desde un batallón militar. Abelardo de la Espriella lo hizo el 7 de agosto, en el Pichincha de Cali, la misma unidad que sufrió un atentado meses atrás, y desde ahí trazó la hoja de ruta de seguridad que reemplaza a la Paz Total. El gesto no fue casual: cuatro giros concretos, cada uno con su propia implicación, resumen hacia dónde se mueve el país.
El primero es hacia la confrontación, en lugar del diálogo que caracterizó los últimos cuatro años. Es una respuesta directa a un mandato electoral claro y a cuatro años en los que la negociación no logró el desarme de ningún grupo relevante. El discurso cerró la puerta a nuevas negociaciones, ordenó reactivar las órdenes de captura suspendidas durante las mesas y revocó el estatus de gestor de paz de integrantes de grupos armados. Esto implicará que el conflicto vuelva al terreno en el que el Estado ya ha demostrado su capacidad para golpear estructuras puntuales. La pregunta que queda abierta es si esta vez la confrontación viene acompañada de la capacidad institucional que la negociación no tuvo, o si se repite el mismo punto ciego con otro método.
El segundo es la cooperación repotenciada con Estados Unidos, en contraste con el distanciamiento que caracterizó la relación con Washington durante el gobierno saliente. Colombia entra ahora como miembro número diecinueve de la Coalición contra los Cárteles de las Américas, autoriza operaciones militares conjuntas y recibirá un paquete de asistencia en materia de seguridad por mil millones de dólares. Es un respaldo real: más inteligencia, tecnología y recursos para una Fuerza Pública que los necesita. El reto será convertir ese respaldo externo en resultados sostenidos, y no solo en capacidad adicional que se diluye si la respuesta institucional no acompaña.
El tercero es la apuesta por las megacárceles y el fortalecimiento del sistema penitenciario, en lugar de un tránsito negociado hacia la legalidad. Responde a un problema real: Colombia hoy alberga más presos de los que tiene cupos. Más capacidad de reclusión es necesaria. Pero no es suficiente por sí sola: dentro de las cárceles opera hoy una economía criminal completa, con nómina, clientes y rutas de cobro, así que construir más cupos debe ir de la mano de recuperar el control de lo que ya existe.
El cuarto es el regreso a la fumigación aérea, en lugar de la sustitución voluntaria de cultivos que privilegió el gobierno anterior. Ofrece algo que el país pedía: resultados visibles y rápidos en hectáreas erradicadas. Igual, Colombia lleva tres décadas erradicando cultivos de coca, por vía aérea o manual, con un pico de 172.000 hectáreas fumigadas en 2006. Y sin embargo, hoy nueve de cada diez hectáreas sembradas están en territorios que ya tenían coca hace diez años. Que haya que recurrir a la aspersión otra vez es, en sí mismo, la mejor prueba de lo grave que es el punto en el que estamos. La misma historia advierte, eso sí, que sola no basta: solo funciona si se combina con el control efectivo del territorio donde la coca vuelve a sembrarse.
Colombia ya conoce este péndulo: lo vivió entre Uribe y Santos, y ahora lo repite entre Petro y De la Espriella. Cada uno de estos cuatro giros parte de un diagnóstico de lo que no funcionó durante el cuatrienio anterior. Lo que está por verse en los próximos cuatro años es si esta vez vienen acompañados de la capacidad institucional que la Paz Total no tuvo.
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