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El país vive unos días oscuros a solo semanas de la elección presidencial en primera vuelta. El paro armado de la última semana ha dejado en claro los retos que tendrá que enfrentar el gobierno entrante, y los vacíos que deja el saliente. En solo cuatro días, una estructura criminal tan compleja como las denominadas autodefensas Gaitanistas, demostraron al menos cuatro grandes cambios en el funcionamiento de este nuevo ciclo de violencia que parece estar consolidándose en Colombia.
El primero y el más complejo, la degradación de la violencia. Es sin duda la mayor preocupación que nos debería dejar la reflexión en torno a los hechos ocurridos. La confrontación entre actores armados y el Estado se quedó sin reglas. Se anunció en panfletos, en mensajes de audio y mensajes de texto que rodaron por redes sociales, que no habría excepciones con misiones médicas, representantes de la Iglesia Católica o agencias humanitarias. Perdimos cualquier canal humanitario que permita en situaciones como la ocurrida, evitar por lo menos las victimizaciones más complejas como el confinamiento o el posterior desplazamiento masivo de las comunidades sin la atención necesaria de los actores protegidos en el derecho internacional humanitario.
En segundo lugar, lo incompleta que resultó la política de seguridad pública del actual gobierno nacional que concentró todos sus esfuerzos en las zonas de cultivos ilícitos. Cuatro años de implementación de una visión de la seguridad pública que no terminó nunca de brindar condiciones de seguridad en los territorios, y que terminará su mandato con las cifras más altas de violencia desde la firma del acuerdo de paz en 2016. El aumento de los homicidios de líderes sociales y de sujetos protegidos por el derecho internacional humanitario, y las otras violencias por fuera de las zonas demarcadas por la política nacional, demuestran que la decisión de política pública no fue la correcta al momento de hacer los ajustes propuestos por el actual gobierno nacional.
El tercero, la confirmación de las dificultades que ha tenido el Estado para retomar los territorios que quedaron sin control criminal tras el retiro de las FARC luego de la firma del acuerdo de paz. Era la tarea más obvia pero quizás la más compleja y determinante para asegurar nuevas condiciones de seguridad post desmovilización. Se tendrían que haber puesto especiales esfuerzos en esa tarea. Algunos de los excombatientes regresarían a la guerra y se reciclarían en nuevos grupos armados, como ha ocurrido en otros procesos similares en la historia reciente de Colombia, pero la tarea inmediata del gobierno nacional era recuperar el control de los territorios que había ocupado esa guerrilla en el conflicto, y ojalá construir una relación de confianza y legitimidad con las comunidades donde la presencia había sido inestable por décadas. Los hechos recientes demuestran que así no ocurrió, y que vuelven a ser los mismos territorios los de mayor afectación con el actuar criminal de los últimos días.
Finalmente, la dimensión del enemigo que deberá enfrentar el próximo gobierno nacional. Se trata de una estructura criminal con presencia en una buena porción del territorio del país, con una jerarquía clara, un poder militar importante y una capacidad de control territorial que no habíamos dimensionado quienes no hacemos estudios detallados recientemente de esas estructuras criminales. Eso sin abordar el motor del conflicto: el control de la cadena de valor del narcotráfico. Ahora candidatos presidenciales y equipos de campaña saldrán a utilizar políticamente lo que está ocurriendo a su favor, pero ojalá estén dimensionando el reto que les espera si resultan elegidos para ocupar el cargo.
