“La democracia es el sistema en el cual los partidos políticos pierden elecciones” fue la frase que más se me grabó del último libro de Steven Levitsky y Daniel Ziblat, ‘La tiranía de la minoría’. Aceptar la derrota es uno de los rasgos que demuestran qué tan sólida o frágil es una democracia. Para comprobar que lo anterior es cierto, solo basta con recordar lo que ocurrió en las últimas elecciones presidenciales en el país vecino.
La consulta popular es un nuevo intento del presidente por llamar la atención del “pueblo” para que este, en lugar del Congreso, sea quien valide sus propuestas de reformas. Digo nuevo intento porque en el pasado se había concebido como una idea de Acuerdo Nacional y, después, como Asamblea Constituyente. Perder duele, pero en una democracia eso es un asunto inevitable, incluso es algo sano.
La consulta popular es un mecanismo democrático en toda su esencia. Buscar la participación de mínimo 13 millones es un llamado constitucional válido. Lo que no puede suceder, bajo ninguna circunstancia, es que se invoque la consulta popular como una estrategia electoral.
Me atrevo a vaticinar que esta consulta no va a pasar el umbral. No es un pronóstico sacado del sombrero. Lo digo porque si en el 2018, y con un costo de 310 mil millones de pesos, los colombianos no sumamos el umbral requerido para aprobar la consulta anticorrupción que buscaba, entre otras, que hubiera cárcel para los corruptos y que no pudieran volver a contratar con el Estado, que a los congresistas se les redujera el salario, o hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguirles el dominio ¿qué lleva a pensar a alguien que en esta ocasión se alcanzarán más de 13 millones de votos sobre lo que serán ‘asuntos varios’?
Dicho lo anterior, la pregunta que debemos poner sobre la mesa es ¿qué hará el gobierno cuando vea que la propuesta no pasó? Es aquí donde la consulta se transmuta en campaña. Después de días de promocionar la invitación a las calles, a las urnas y luego de enviar centenas de mensajes ideológicos sobre Aurelianos Buendía, mariposas amarillas y ‘segundas oportunidades’, el saberse perdedor le permitirá al presidente aumentar la vehemencia e intransigencia de sus posturas; alegará que “el rico epulón” está impidiendo que el pueblo avance y que es ese pueblo el que debe revelarse contra “los otros”. Esta consulta se convertirá en una plataforma idónea para promover candidatos a la presidencia. Quizá eso explica por qué María José Pizarro entra en el tiro de cámara al final de la transmisión del discurso del presidente ayer (y retransmitida en la noche), portando una bandera de Colombia y una camiseta que dice ‘arriba los de abajo’.
En un momento en el que el país afronta serios problemas en sus finanzas públicas, Gustavo Petro elige malgastar unos 400 mil millones de pesos (más o menos lo que valdrá) en una consulta que sabe no pasará, pero que en realidad representan una inversión de 400 mil millones a una campaña política. Plata que saldrá de los bolsillos de cada uno de los colombianos.
Las consultas populares son un costo de la democracia, dicen muchos. La experiencia en lo nacional nos demostrará nuevamente que no alcanzarán los resultados que buscan (en lo local sí ha habido casos donde prosperan), por lo que sencillamente serán saludos a la bandera que nos cuestan cientos de miles de millones, dinero que podría beneficiar a miles de familias. Quizá más adelante pueda revisarse cómo se mejora este mecanismo democrático, para que no lo usen como campaña electoral (Claudia López presentó la consulta anticorrupción en el 2018 y las elecciones a la alcaldía en las que ganó se realizaron en el 2019), sino con su verdadero espíritu.
Más que un ejercicio democrático, la consulta popular puede degenerar en una estrategia electoral con un alto costo económico y sin garantías de éxito. Ojalá y con el fracaso que se avecina, el gobierno entienda que perder también es un resultado de la democracia.
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