La política está llena de frases hechas, de conclusiones populares, de sentencias repetitivas que quieren recrear al pensamiento.  A menudo las personas las coreamos para presentar una posición respecto a un tema. Si lo pensamos, utilizamos este tipo de expresiones como atajo para evitar la descripción de una idea, o como comodín cuando sentimos que nuestros interlocutores no nos están entendiendo. Es como el deus ex machina, el dios que baja de la máquina para solucionar nuestra incapacidad para expresar con claridad lo que pensamos. Cada vez que repetimos una frase que otro ya dijo, o una sentencia popular para formular una idea, estamos siendo perezosos. Estamos cerrando la imaginación, acabando con el pensamiento. La sentencia armada con anterioridad es la muerte del pensamiento.  Hay un agravante. Al ser sentencias muy utilizadas, el exceso de uso desgasta su significado. Su contenido, antes claro y preciso, se desvanece en boca de los miles, tal vez millones, que la expresan.

Si deberíamos procurar evitar la utilización de frases hechas para comunicarnos con los demás, para tener conversaciones, qué decir entonces al respecto de utilizarlas como justificación de decisiones públicas, como criterio de argumentación en política. En el reciente debate sobre la reforma a la salud se ha dicho que una de las razones para desmontar el actual sistema de seguridad social es que la salud es un derecho, no un negocio, o dicho al modo de la ministra Carolina Corcho, “las EPS no curan, las EPS facturan”. Ese nivel de reducción de un asunto tan complejo no sólo es la muerte del pensamiento, si no de la democracia. No sólo porque simplifica lo que es evidentemente complejo, si no también, porque la premisa de la que parte es falsa. Los negocios y el bienestar social no son necesariamente contradictorios. Acumular dinero y garantizar derechos no han sido, por principio, antónimos en la historia del capitalismo.

Adam Smith, aquel filósofo moral famoso por ser economista, lo presentaba de la siguiente forma: “No es la benevolencia del carnicero, el cervecero, o el panadero lo que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos en su propio beneficio”. Los individuos, en este caso los individuos capitalistas, actuando de acuerdo con su deseo de acumulación, pueden generar bienestar. En el caso de la garantía de la salud en Colombia, pareciera más importante preguntarse por las restricciones de acceso en las zonas rurales, que por las ganancias que reciben quienes son los encargados de prestar el servicio. De acuerdo con Alejandro Gaviria, Andrés Vecino y mucha(o)s otra(o)s los problemas del sistema de salud no se solucionarían con la eliminación de las EPS.

La salud no puede ser un negocio es el correlato de “el Estado es corrupto, los privados son eficientes”. Son las dos caras de una misma moneda, la moneda del repertorio de sentencias que se repiten sin pensar, que asumen prejuicios como si fueran verdades.  La conversación tiene que trascender lo panfletario. Ninguna de esas frases es cierta ni delimita el problema en su esencia. Deberíamos preguntarnos cuál es la mejor forma de garantizar el derecho a la salud en Colombia, independientemente si la respuesta se corresponde con mis creencias, o con mi repertorio de arengas que se confunden con ideología o con pensamiento.