El Senador Roy Barreras, nuevo Presidente del Congreso, recientemente señaló que en el primer año del gobierno que arranca el próximo 7 de agosto se buscará la aprobación rápida de reformas en el órgano legislativo a través de diferentes mecanismos previstos en la Constitución, como el mensaje de urgencia, las sesiones extraordinarias, la deliberación simultánea de comisiones constitucionales permanentes y plenarias, entre otras. Según Barreras, la razón detrás de esto es simple: el país votó por el cambio que representan Gustavo Petro y Francia Márquez, por lo cual es necesario “meterle el acelerador” al nuevo Congreso en su primer año, de manera tal que este cumpla con las amplias expectativas del electorado colombiano. No tengo ninguna objeción de principio en contra de la idea de buscar vías para hacer más eficiente el trabajo legislativo, pero quisiera hacer algunas anotaciones sobre los riesgos que puede encarnar esta visión de la labor del Congreso y las estrategias que se pueden derivar de la misma, especialmente teniendo en cuenta lo que, al menos en parte, representa el Pacto Histórico.

En La sala de máquinas de la Constitución: dos siglos de constitucionalismo en América Latina (1810-2010), Roberto Gargarella organiza y clasifica los múltiples proyectos constitucionales que se desarrollaron y han desarrollado en la región teniendo en cuenta su posición frente a dos ideales que han sido centrales en toda la historia del constitucionalismo: (i) el ideal de la autonomía individual, que hace referencia al nivel de autonomía que debe tener el individuo frente al Estado y la sociedad; y (ii) el ideal del autogobierno colectivo, que hace referencia al nivel y los mecanismos mediante los cuales las sociedades pueden gobernarse a sí mismas.

Frente a estos dos ideales, Gargarella identifica tres posiciones en América Latina, de las cuales derivan distintas maneras de pensar la constitución y la democracia:

1. Conservadurismo. Esta posición, desde los comienzos de las luchas independentistas, “asumió la defensa de la visión más restrictiva, frente a ambos ideales”. Respecto de la autonomía individual, sostuvo que el sistema constitucional debía articularse a una particular concepción del bien, usualmente asociada a la religión católica. Respecto del autogobierno colectivo, asumió una posición elitista frente al rol de la voluntad mayoritaria.
2. Republicanismo. Esta posición, en abierta contradicción con la conservadora, asumió un compromiso fundamental con el ideal del autogobierno colectivo y “tendió a considerar a la autonomía individual como un ideal desplazable en nombre del bienestar general, o las exigencias propias de una política mayoritaria”. De manera crucial, esta posición defendió desde sus inicios la necesidad de protecciones sociales vigorosas para los individuos, que les permitan participar tranquilamente en la vida pública de sus sociedades.
3. Liberalismo. Esta posición, de manera contraria a la republicana, invirtió el orden de prioridades “para concebir todo el orden constitucional en torno a la idea del respeto a las libres elecciones individuales”, por lo cual se mostró “dispuesta a fijar restricciones severas frente al mayoritarismo político, que era visto como amenaza grave frente al ideal de la autonomía individual”.

Me parece razonable afirmar, aunque con cierta prudencia, que Petro, Márquez y el Pacto Histórico, con su preocupación por el autogobierno colectivo y su defensa de protecciones sociales vigorosas que hagan posible la participación de todos en la vida pública, son herederos de la tradición republicana, crítica del pacto liberal-conservador que, con ciertos matices, ha predominado en Colombia. En este sentido, no me queda ninguna duda de que desde el Congreso se debe hacer el mayor esfuerzo posible para adelantar las reformas constitucionales y legislativas dirigidas a aterrizar las propuestas de gobierno de la coalición ganadora.

Sin embargo, me preocupa que, en su afán por lograr cambios sustantivos en materia económica y social, se ponga en riesgo la promesa democrático-participativa que representa el triunfo del Pacto Histórico, que desde la óptica republicana es de importancia fundamental. La democracia y la participación ciudadana son costosas, no solamente en términos de recursos, sino también de tiempo: el debate democrático requiere análisis, reflexión, ponderación, comparación, y esas cosas no se logran de la noche a la mañana, ni a punta de “pupitrazos”.

Un buen Congreso es, sin duda, uno que no solamente aprueba proyectos de ley y de reforma constitucional, sino uno que delibera ampliamente sobre los mismos, sobre sus fundamentos, implicaciones y consecuencias. Y para lograr lo anterior, el Congreso y los congresistas, cuyo rol representativo no debemos olvidar, requieren de tiempo suficiente, algo que puede ir en contravía de mecanismos constitucionales y legales como los mensajes de urgencia y la deliberación simultánea de comisiones constitucionales permanentes y plenarias, pues estos instrumentos, por su misma naturaleza, tienen un fuerte potencial para cercenar la deliberación democrática.

Se me puede objetar señalándome que, en la práctica, el Congreso no funciona mediante una idealizada deliberación democrática, sino a través de componendas, “mermelada” y otras herramientas non sanctas de negociación política. Es cierto que la negociación política no-deliberativa juega un rol central en el Congreso, pero eso no significa que la política deliberativa no tenga cabida en el mismo, o que no se pueda potenciar de manera significativa. Y un gobierno heredero de la tradición republicana no debe, no puede, renunciar al objetivo de fortalecer la deliberación democrática, no al menos sin traicionar al republicanismo. Por ello, si bien veo con buenos ojos que sea un político hábil y experimentado quien lidere la tarea de impulsar las reformas constitucionales y legislativas del Pacto Histórico, no puedo dejar de preocuparme por los efectos negativos que en materia de democracia deliberativa puede tener el acelerador de reformas propuesto por Barreras.