Durante la época de pandemia, como propuesta para enfrentar las condiciones económicas en las que quedaron millones de colombianos, se puso de moda un instrumento de intervención pública al que podría dársele los calificativos de radical y arriesgado por sus costos fiscales e implicaciones ideológicas. El instrumento al que se hace mención es la renta básica universal, el cual tiene un balance positivo de beneficios dado que puede ayudar a superar los efectos económicos derivados de la pandemia y generar condiciones para cambios estructurales en la economía de Colombia al crear eficiencias económicas y otorgar mayor libertad a los ciudadanos. Las experiencias internacionales, esas que, a los colombianos nos gusta tomar como referencia, indican que es un buen instrumento a implementar.

Antes de comenzar a desarrollar los argumentos, es importante definir el concepto de renta básica universal. Según el académico sueco Simon Birnbaum: “es un ingreso pagado a cada ciudadano sin ninguna prueba de requisito o verificación de trabajo y busca alcanzar un ingreso básico suficiente para cubrir las necesidades básicas de la vida”.

Decir que la renta básica permite mayores eficiencias económicas es un argumento al que liberales como republicanos les costaría oponerse.  La renta básica, al permitir una subsistencia mínima, dota a las personas de poder de negociación y de posibilidad de elección a favor de empleos más afines a sus preferencias. Lo anterior crea incentivos económicos para ubicar al talento conforme a sus capacidades, mejorando la productividad e incrementando el nivel de salarios para atraer la oferta laboral, aumentando el ingreso disponible, el cual es un factor de crecimiento y eficiencia económica. 

El argumento anterior permite dilucidar otro argumento y es uno asociado a la libertad. Esta medida abre la puerta a que los ciudadanos puedan tener mayor libertad a la hora de escoger la actividad laboral a ejercer, el tiempo dedicado al ocio y las maneras de subsistencia mínima sin condicionar el comportamiento.

Finalmente, mencionar que países prósperos como Finlandia o Canadá ya han probado de manera parcial este mecanismo, es una razón más para dificultar la oposición a él. Esta experiencia, aunque sin resultados completamente concluyentes, sí ha demostrado que dispara el nivel de bienestar de los ciudadanos y no afecta la disposición a buscar trabajo.

Desde esta perspectiva, negarse a por lo menos discutir o “pilotear” este mecanismo parece carente de lógica técnica. Ojalá el próximo gobierno colombiano asuma una posición más innovadora y arriesgada y nos dé la oportunidad de probar un mecanismo que puede reducir la desigualdad social y generar bienestar para un mayor número de colombianos. Como referencia está la propuesta del Senador Iván Marulanda y con la que se busca atender a más de 30 millones de colombianos que abogan por una solución como la que aquí se describe y llegar así a un resultado de justicia social como el descrito por el filósofo John Rawls: “lo más beneficioso posible para los menos favorecidos”.