La primera movilización social en el mundo tuvo su origen en la Inglaterra de finales del siglo XVIII con la abolición del comercio de esclavos. Thomas Clarkson, entonces pionero del movimiento, trascendió, entre boicots y manifestaciones, las formas institucionales que restaban legitimidad a su causa para asentar las bases de lo que tiempo después terminaría siendo la Ley de Comercio de Esclavos que en 1807 daría fin al comercio transatlántico en todas las colonias británicas.
En la década de 1960, en Estados Unidos, un movimiento social liderado por Martin Luther King lograría expandir los derechos civiles —hasta entonces segregados a una parte de la población— a toda la sociedad, en especial a la afroamericana. Este fue el resultado de una revolución servil que tomó como bandera la disputa por la libertad en una movilización pacifista.
Ambos sucesos históricos coinciden en algo: fueron revueltas que surgieron de las entrañas de los marginados buscando ganarse un lugar, una voz, un derecho hasta entonces desprovisto. Todas dos fueron reivindicaciones que se enfrentaron a un poder excluyente, a una fuerza que les dijo que no eran bienvenidas en la mesa; pero sobre todo, fueron movilizaciones que se originaron ante una falta de democracia, ante la presencia de un sistema incapaz de recoger sus voces, de hacer valer sus libertades civiles y de garantizar, en el marco de la formalidad, la expresión su descontento.
Hoy esa clásica historia de marginados y poderosos sale de nuevo de los anaqueles de la memoria. La Consulta Popular del AMO quedará en las bitácoras de los historiadores como una nueva y sofisticada emergencia contenciosa de la política. Por el Sí están los poderosos, dueños de los grandes medios, que disponen de infinidad de recursos para saturar las calles de vallas y afiches, montar escenarios con grandes eventos y repartir camisetas y gorras. Por no hablar de la planta de asalariados que salen a hacer campaña —“mejor que crear afectos es crear intereses”, dijo alguna vez Jacinto Benavente—. Por el No están los marginados, que cargan con el desgaste de tres años de campaña, sacando de sus bolsillos cualquier peso para ajustar la impresión de una pancarta.
Las condiciones no son las mismas. Es una disputa de hombres contra gigantes, de excluyentes contra excluidos. Las capacidades del No para movilizar su postura, para ganarse una voz y hacerse sentir no son iguales. En estas circunstancias es inviable hablar de un escenario democrático porque no se consolida una votación libre ni justa. Es como si un atleta olímpico se enfrentara en los 100 metros planos a una persona en muletas. Los ciudadanos acudirán a las urnas sin ningún grado de coerción, no irán esposados ni mucho menos, pero la exposición informativa sobre ambas posturas sí presenta una brecha inmensa. Y lo que resulta más indignante de todo es que esa brecha se financia con el dinero público, que no es plata de una alcaldía ni de una gobernación sino de todos los ciudadanos: del campesino que sigue trabajando anciano para pagar el predial de su finca, del comerciante que no descansa un solo día para cumplir con Industria y Comercio, de la madre cuidadora a quien ahora le llega una nueva Tasa de Seguridad.
Aristóteles hablaba del ius resistentiae como el derecho a proteger cualquier cosa que ya exista y que sea digna de resistir. Pues bien, con coraje y resistencia —y con los bolsillos livianos— No al AMO.
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