Este primero de noviembre despedimos a Antonio Navarro Wolff, a sus 78 años. Y quiero escribir sobre la Constituyente para honrar el trabajo de quienes pusieron su voz, sus ideas y hasta sus propias historias de violencia al servicio de la Constitución que tenemos hoy y que, 35 años después, parece estar cada vez más amenazada.
La Asamblea Nacional Constituyente sesionó durante 150 días, entre el 5 de febrero y el 4 de julio de 1991. Nació en medio de una profunda crisis de violencia, narcotráfico y debilidad institucional, con el propósito de reemplazar una Constitución que llevaba más de un siglo vigente. Pero su origen también fue una expresión de esperanza y movilización ciudadana.
En 1990, estudiantes universitarios impulsaron la Séptima Papeleta, una iniciativa que invitaba a los colombianos a depositar un voto adicional en las elecciones del 11 de marzo para exigir una reforma constitucional. Como la Registraduría no iba a imprimir una papeleta oficial, los estudiantes tuvieron que ingeniárselas para que la propuesta llegara a las urnas. Se reunieron con directores de periódicos, consiguieron que publicaran la papeleta en sus páginas y que los ciudadanos pudieran recortarla con unas tijeras, doblarla y depositarla en el sobre electoral. Quienes no compraban periódicos también podían conseguirla: los estudiantes repartían fotocopias en buses, semáforos, universidades, plazas de mercado y entradas de iglesias. No había redes sociales, campañas digitales ni grandes presupuestos. Había estudiantes convencidos de que una idea podía convertirse en una decisión política si conseguían que suficientes personas la respaldaran.
El día de las elecciones, los jurados no tenían la obligación de contar aquellas papeletas como votos oficiales. Los estudiantes y observadores se organizaron para pedir que fueran guardadas y realizar después su propio conteo. No hubo un resultado oficial de la Registraduría, pero los recuentos informales superaron los dos millones de papeletas y algunas estimaciones llegaron a dos millones y medio. Lo que empezó como un papelito que había que recortar terminó convirtiéndose en una presión ciudadana que el país ya no podía ignorar.
En diciembre de ese mismo año, Colombia eligió a sus constituyentes. El resultado fue una Asamblea heterogénea, en la que participaron sectores políticos tradicionales, movimientos sociales, representantes indígenas y antiguos integrantes de organizaciones guerrilleras que habían decidido abandonar las armas. Los 70 escaños elegidos se distribuyeron así: Partido Liberal, 25; Alianza Democrática M-19, 19; Movimiento de Salvación Nacional, 11; Partido Conservador, 9; Unión Cristiana, 2; Unión Patriótica, 2; ONIC, 1; AICO, 1. A ellos se sumaron cuatro representantes de grupos guerrilleros desmovilizados, con distintas condiciones de participación.
Y aquí quiero detenerme en Antonio Navarro Wolff.
Ingeniero sanitario, profesor universitario y guerrillero del M-19. Fue uno de los máximos dirigentes de esa organización y asumió su comandancia tras el asesinato de Carlos Pizarro en abril de 1990. Wolff había sufrido un atentado en 1985 que le provocó la amputación de su pierna izquierda y afectó permanentemente su habla. Sin embargo, ninguna de esas secuelas le impidió seguir haciendo política ni participar en la construcción de una nueva Colombia.
Navarro lideró el cumplimiento del acuerdo de paz del M-19, acompañó la entrega de armas y la transformación de la organización en un movimiento político legal. Posteriormente fue ministro de Salud y encabezó la lista de la Alianza Democrática M-19 a la Constituyente, donde obtuvo 19 de las 70 curules elegidas.
Y es que, al parecer, ahora resulta muy fácil llamar “guerrillero” o “guerrillera” a quien se atreva a hablar de paz. Como si esa palabra pudiera borrar toda una historia, como si Colombia no hubiera sido un país atravesado por la violencia, como si la posibilidad de construir una democracia también hubiera dependido de que quienes estuvieron en la guerra decidieran dejarla.
Parece que algunos quisieran convertir esa palabra en una condena permanente, incluso cuando se trata de personas que participaron en procesos de desmovilización, entregaron las armas y contribuyeron a construir las instituciones que hoy nos permiten vivir en democracia. Y en medio de esa discusión, parece que se nos olvida algo elemental: la paz no se construye únicamente con quienes siempre estuvieron de acuerdo, sino también con quienes alguna vez estuvieron enfrentados.
La Constitución de 1991 es, precisamente, una de las mayores pruebas de ello. Fue producto de una decisión colectiva de abrir la democracia, ampliar derechos, reconocer la diversidad y permitir que sectores históricamente excluidos participaran en la construcción del Estado. No fue una Constitución escrita exclusivamente por quienes nunca empuñaron un arma. También participaron antiguos guerrilleros que entendieron que la transformación del país debía hacerse desde la política y no desde la violencia.
Por eso, cuando hoy vemos amenazados derechos que nos costaron tanto conquistar y garantizar, cuando parece que algunos quisieran desmontar lo que se construyó durante décadas, la memoria de la Constituyente debería servirnos para revisar qué estamos defendiendo y qué estamos dispuestos a sacrificar en nombre de nuestras diferencias políticas.
Porque si algo demuestra la historia de 1991 es que la paz no se hizo excluyendo a quienes alguna vez estuvieron en la guerra. Se hizo sentándolos a discutir con quienes habían sido sus adversarios, reconociendo que el país no podía seguir resolviendo sus diferencias a través de la violencia.
Entonces pregunto: ¿qué tanto entendemos hoy de aquella apuesta por la paz? ¿Qué significa llamar “guerrillero” a alguien que dejó las armas y decidió participar en la construcción democrática? ¿Y qué tan dispuestos estamos a reconocer que una parte de los derechos que hoy defendemos también fueron construidos por personas a las que algunos todavía prefieren condenar por su pasado?
Sí la Constitución que hoy tenemos también se escribió con antiguos guerrilleros. Y quizás eso debería incomodar más a quienes utilizan la palabra “guerrillero” como argumento para descalificar cualquier apuesta por la paz.
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